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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PERÚ GENERARÍA UN IMPACTO ECONÓMICO DE US$ 76,000 MILLONES PARA 2030

Por ComexPerú / Publicado en Noviembre 27, 2020 / Semanario 1053 - Hechos de Importancia

La crisis generada por la COVID-19 ha acelerado que los Gobiernos y los ciudadanos migren a entornos digitales en distintos espacios, como economía, salud, educación, trabajo, entretenimiento, etc. Por el lado público, según información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde iniciada la pandemia hasta agosto de 2020, en el Perú se crearon 14 nuevos servicios digitales. Asimismo, mientras que el 61% de los peruanos realizó un trámite en línea, el número en la etapa pre-COVID ascendía solo al 28%.

Este escenario impuso la adopción de figuras como el teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina, por lo que la transformación digital ha adquirido un especial protagonismo. No obstante, si bien existe algún avance respecto del marco legal, al contar con una Ley de Gobierno Digital, los Decretos de Urgencia de Trasformación y Confianza Digital (en proceso de reglamentación), así como la actual construcción de la Política Nacional de Transformación Digital, las estrategias para su adopción requieren la sinergia de múltiples sectores, actores y proyectos que permitan a los ciudadanos recoger los beneficios de su efecto catalizador sobre el ingreso, la productividad y el crecimiento de la economía.

Así pues, es necesario notar que si bien la penetración de internet en el Perú ha aumentado un 7.6% promedio anual desde 2013, esto no se ha reflejado en otros indicadores. Así, por ejemplo, el crecimiento económico ha evolucionado a una tasa positiva anual del 3.2% y la productividad laboral, a una tasa de tan solo el 1.3% anual. Esto demostraría la necesidad de revisar las estrategias de transformación digital y, sobre todo, su agenda pendiente en cuatro pilares: gobernanza digital, infraestructura, alfabetización y ciberseguridad.

En primer lugar, se requiere contar con una autoridad nacional con autonomía administrativa y económica, liderada por funcionarios de primer nivel, elegidos por concurso público, que permita alinear y articular al sector público, el privado y la academia con respecto a las acciones que se desarrollen en temas digitales.

En cuanto a la infraestructura, es importante recordar que esta representa un punto clave para garantizar el acceso asequible a Internet. Si bien, según Cable.co.uk, el costo de un paquete de línea fija en Perú se encuentra entre los 50 más baratos de 206 países, el acceso a estos no está garantizado en todo el país. Esto se refleja en que solo un 40.1% de los hogares en el país tiene acceso a internet y son los departamentos de la sierra y selva quienes menos acceden a este servicio (ver semanarios 1048 y 1050). Por lo expuesto, un primer gran reto del Gobierno entrante es aprovechar el máximo potencial de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y destrabar grandes proyectos de banda ancha, que actualmente cuentan con un nivel de avance preocupante (ver Semanario 1049), además de impulsar un marco legal simplificado para la instalación de antenas.

En tercer lugar, la alfabetización digital también constituye un gran reto. Aun cuando las nuevas generaciones son consideradas nativas digitales y el Currículo Nacional incluye el desarrollo de habilidades digitales, el acceso diferenciado a terminales e internet[1] impide que todos desarrollen las mismas competencias. Asimismo, también implica un desafío la formación y capacitación a inmigrantes digitales[2], que cuenten con las habilidades necesarias para aprovechar la infraestructura tecnológica.

Por último, la ciberseguridad es un tema inherente a la transformación digital. En la actualidad, en el Perú no se cuenta con una política de seguridad cibernética. Si bien existe avances por medio de Plan Nacional de Ciberseguridad y el marco de confianza digital, nuestro país aún no cuenta con una adecuada gestión de riesgos y respuesta ante la protección de la infraestructura crítica (ver Semanario 1037). Por ello, un desafío que queda para el Gobierno venidero es garantizar entornos digitales seguros, así como la gestión ética de los datos que este pueda manejar.

A los puntos mencionados se suma la recomendación del BID, que apunta la necesidad de que el Gobierno sea proactivo y no reactivo. Esto quiere decir que, si bien las estrategias adoptadas en medio de la pandemia son necesarias, no son suficientes y se requiere que el Gobierno se anticipe a diferentes escenarios y explore opciones de manera activa.

Adicionalmente, un análisis realizado por AlphaBeta presenta algunas recomendaciones de política pública para conseguir una transformación digital eficiente. Según se menciona, una estrategia plausible es reutilizar la infraestructura pública existente para proporcionar acceso digital. Para ello, es necesaria la identificación de una red de infraestructura pública que se pueda aprovechar como puntos de acceso a internet, sobre todo en las zonas rurales. De igual modo, se requiere que tanto los marcos normativos como la política de seguridad cibernética incorporen estándares internacionales, a fin de facilitar las transacciones y reducir las barreras a la exportación de operaciones al extranjero por parte de empresas nacionales. Por último, el estudio no deja de lado la importancia del fomento de la economía colaborativa, y hace hincapié en la posibilidad de incorporarla hasta en los sectores más tradicionales, como la manufactura y la agricultura.

De esta manera, con la implementación de estas recomendaciones, el Perú contaría con un impacto económico de US$ 76,000 millones para 2030. Sin duda, una cifra que deberemos alcanzar para el beneficio de todos los peruanos.


[1] Según Escale, el 77% de las escuelas primarias del área urbana posee internet, mientras que en el área rural la cifra alcanza solo el 29%.

[2] Los inmigrantes digitales son personas nacidas en la era predigital que tienen que adaptarse al uso de medios digitales.

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