Nuestro país enfrenta grandes brechas en cuanto al acceso a servicios básicos, las cuales se acrecientan cuanto más alejadas están las poblaciones. Tener cerca un colegio donde los niños puedan educarse, ir al centro médico más cercano y que esté disponible para atenderte, o poder llevar los productos de una cosecha al mercado rápidamente gracias a una buena carretera es una realidad lejana para muchos. Sin embargo, atender estas demandas y proveer los servicios de manera oportuna ha sido y es responsabilidad del Estado, particularmente, de los Gobiernos subnacionales. He aquí la importancia de analizar el desempeño de estos en cuanto al uso de sus recursos destinados a inversión pública. 

Primero, debemos conocer que, en los últimos años, las municipalidades y Gobiernos regionales han recibido mayores recursos para trabajar en el cierre de brechas prioritarias. Prueba de ello es que, en 2022, de los S/ 64,818 millones[1] destinados para invertir en proyectos a nivel nacional, el 50% se destinó a los Gobiernos locales y el 21% a los regionales. Pero ¿cuánto han logrado ejecutar de este presupuesto? 

En 2022, la inversión pública marcó un récord histórico, con un total de S/ 46,589 millones. Esto es un 19% más que el valor en 2021 y representa el 72% del total presupuestado. Un aspecto por destacar es que fueron los Gobiernos locales quienes han gastado más; sin embargo, su porcentaje de ejecución sigue siendo el más bajo (63%). Ello demuestra, una vez más, que el problema muchas veces no es la falta de recursos, sino la falta de capacidades de gestión de las autoridades para hacer uso de ellos.

Al realizarse un análisis más detallado del presupuesto de los Gobiernos locales, se encontró que, a nivel de función, los sectores con mayor presupuesto asignado a estas instituciones fueron transporte (S/ 9,708 millones), saneamiento (S/ 4,989 millones) y educación (S/ 3,888 millones); no obstante, estas solo alcanzaron tasas de ejecución del 60%, 60% y 65%, respectivamente. 

EN EL SUR DEL PERÚ

En los últimos meses, el sur del Perú se ha visto sumergido en una profunda crisis social y, por ende, también económica, debido a las constantes protestas en varios departamentos[2]. De acuerdo con este panorama, resulta relevante preguntarse cuál es el estado de la inversión pública en dichos departamentos. 

En 2022, a los Gobiernos regionales de esos departamentos del sur se les asignó un presupuesto de S/ 5,682 millones, lo que representa el 41% del monto total destinado a ellos. De ese monto, se ejecutó el 76%. 

En cuanto a los Gobiernos locales de los mismos departamentos, el presupuesto ascendió a S/ 15,238 millones, cifra que representa el 47% del total presupuestado para las municipalidades. De ese monto, se devengó S/ 9,964 millones, es decir; se ejecutó solo el 65%. 

Al considerar todos los Gobiernos locales, se puede observar que los de Ica (53.6%) y Arequipa (54.1%) son el tercer y cuarto puesto con menor porcentaje de ejecución. Le siguen Moquegua (63.5%), Madre de Dios (63.9%) y Ayacucho (65.1%). Luego se encuentran Junín (68.1%) y Puno (69%). Finalmente, están Cusco (71.5%), Tacna (72.7%) y Apurímac (73.4%), quienes tienen los porcentajes de ejecución más altos, pero ni se acercan al 80%. 

ICA Y AREQUIPA: LOS DESEMPEÑOS MÁS BAJOS DEL SUR

En el caso de Arequipa, en 2022, el Gobierno regional y los Gobiernos locales dejaron un monto de S/ 177 millones y S/ 1,278 millones sin ejecutar, respectivamente. El saldo no ejecutado por estos gobiernos subnacionales equivale al 76% de la brecha de saneamiento del departamento, de acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es preciso recordar que el 11% de arequipeños no cuenta con acceso a red pública por alcantarillado. 

Asimismo, la provincia con mayor presupuesto asignado fue la de Arequipa, con un monto de S/ 1,693 millones, del cual solo se gastó el 51%. Cabe mencionar que las municipalidades con mayor presupuesto en esta provincia fueron Yarabamba (S/ 304 millones) y Cerro Colorado (S/ 198 millones). Estos grandes recursos se explican por lo recaudado de la actividad minera en el departamento. En concreto, el canon, el sobrecanon y las regalías financian el 81% de la inversión pública del Gobierno regional de Arequipa y el 91% de los Gobiernos locales.  

A esta mala ejecución se suman los problemas de corrupción evidenciados en el departamento. De acuerdo con el informe sobre la incidencia de la corrupción de la Contraloría General de la República, Arequipa lideró el ranking de mayor incidencia en 2021 a nivel nacional, con un daño patrimonial que superó los S/ 1,077 millones a nivel de Gobiernos subnacionales.

Por otro lado, Ica resalta también por su baja ejecución en ambos niveles de Gobierno. El año pasado, el Gobierno regional de Ica registró una ejecución del 53% y dejó un saldo de S/ 225 millones, mientras que los Gobiernos locales ejecutaron el 54%, con un saldo de S/ 649 millones. Estos montos alcanzan la mitad de la brecha de saneamiento que enfrenta el departamento[3]. 

En detalle, la provincia que recibió mayor presupuesto fue Nazca (S/ 540 millones), aunque solo ejecutó el 53%, seguida por Ica, que recibió S/ 311 millones e invirtió el 48%. Al igual que en Arequipa, este departamento cuenta con ingentes recursos producto de la actividad minera. Así, 8 de cada 10 soles destinados a proyectos de inversión se cubren con lo recaudado por canon, sobrecanon y regalías. 

Este desempeño de las entidades subnacionales responde a las bajas capacidades técnico-operativas de los funcionarios y una desarticulación entre los distintos niveles de Gobierno, lo cual se traduce en problemas durante la ejecución de las obras, demoras y sobrecostos. Debido a esto, la ansiada carretera, el colegio o el hospital no se encuentran en las condiciones óptimas o, peor aún, no existen. Urge profesionalizar la gestión de proyectos en el Estado y ello se logrará con voluntad política y un equipo humano idóneo tanto desde el Gobierno central como desde las municipalidades y los Gobiernos regionales. En un año de nuevas gestiones, será necesario redoblar el trabajo para que continúen las inversiones. 

En estos tiempos tan convulsos, es necesario reconocer que existen demandas desatendidas en la población debido a un Estado que ha permanecido ausente. Es allí donde se debe centrar el esfuerzo, de modo que se garantice el acceso a los servicios básicos que, a la larga, impulsará el desarrollo de nuestro país. El momento es ahora.

[1] Monto del presupuesto institucional modificado al cierre de 2022.

[2] Se ha considerado a los departamentos en los que se registraron protestas: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

[3] El cálculo se realizó en base al Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026.