Facultades para actuar

El Congreso tiene hoy una decisión importante entre manos: aprobar la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. El pedido fue remitido el 28 de agosto y plantea legislar durante 120 días en materias que abarcan seguridad ciudadana, fortalecimiento de las mypes, empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, minería, comercio exterior, modernización del Estado y vivienda, entre otras. 

Han transcurrido ya más de tres semanas desde su presentación. El propio presidente del Congreso ha señalado que, históricamente, el promedio para atender solicitudes de esta naturaleza ha sido de alrededor de 20 días. El debate y la fiscalización son indispensables, pero también lo es decidir oportunamente. 

Uno de los argumentos planteados durante la discusión parlamentaria es que las facultades delegadas deberían reservarse únicamente para asuntos “urgentes”. Sin embargo, la Constitución no establece la urgencia como requisito para la delegación. El artículo 104 permite al Congreso delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado; la urgencia no constituye el fundamento constitucional de este mecanismo. Corresponde, por supuesto, delimitar adecuadamente las materias y ejercer posteriormente el control político sobre los decretos legislativos. 

Sin perjuicio de ello, hay asuntos comprendidos en la solicitud cuya urgencia resulta difícil de discutir. La inseguridad ciudadana exige respuestas efectivas, al igual que la prevención y preparación frente al fenómeno de El Niño. Pero el sentido de urgencia no debería terminar allí. 

También urge recuperar capacidad de crecimiento. Simplificar procedimientos, eliminar barreras burocráticas y facilitar la ejecución de inversiones no son asuntos secundarios. Tampoco lo son fortalecer a las mypes, promover el empleo formal, combatir la minería ilegal y mejorar los mecanismos que permitan avanzar hacia una minería formal, competitiva y sostenible. En un país con elevados niveles de informalidad, postergar reformas que faciliten hacer empresa, invertir y generar empleo formal también tiene costos. 

La ciudadanía parece entenderlo. Encuestas de Ipsos dan cuenta del respaldo ciudadano a varias de las medidas. En agosto, se encontró que el 88% estaba de acuerdo con otorgar facultades para combatir la inseguridad, el 86% para enfrentar el FEN y el 78% para simplificar trámites vinculados con actividades económicas. En septiembre, otra medición encontró que el 81% respalda facilitar la formalización de las mypes y el 73%, simplificar permisos, autorizaciones y procedimientos para facilitar proyectos de inversión. 

El Congreso debe revisar, precisar y delimitar donde corresponda. Esa es su función. Pero convertir ese proceso en una demora innecesaria sería perder de vista lo esencial: el país necesita decisiones y reformas. La delegación de facultades es una herramienta constitucional que puede contribuir a impulsarlas. Es momento de utilizarla.