Entre modelos económicos: una decisión que importa

En un contexto electoral marcado por la incertidumbre, comparar propuestas no es solo un ejercicio académico, sino un deber ciudadano. Los planes de gobierno de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, representan visiones claramente diferentes sobre el rol del Estado, el mercado y la inversión privada. 

Por un lado, la propuesta de Juntos por el Perú plantea un mayor protagonismo estatal en la economía. Incluye revisiones de contratos, fortalecimiento de empresas públicas y restricciones al comercio exterior. Es rescatable su énfasis en cerrar brechas sociales y atender desigualdades históricas; sin embargo, el problema no radica en los objetivos, sino en los instrumentos. 

La evidencia muestra que un exceso de intervención estatal, sin capacidad de gestión ni sostenibilidad fiscal, termina afectando la inversión, el empleo y, en última instancia, a los propios ciudadanos que se busca beneficiar. Medidas que encarecen la actividad empresarial sin mejorar la productividad pueden generar efectos contraproducentes, especialmente en un país donde las micro y pequeñas empresas concentran gran parte del empleo. 

En contraste, el plan de Fuerza Popular apuesta por una economía social de mercado más alineada con el marco constitucional vigente. Promueve la inversión privada, la estabilidad macroeconómica, el respeto a los contratos y la apertura comercial. Estos elementos han sido, históricamente, motores del crecimiento peruano. La evidencia es clara: la integración al comercio internacional y la promoción de la inversión han permitido expandir exportaciones, generar empleo y reducir pobreza. 

Ello no implica que la propuesta esté exenta de observaciones. Todavía hay campo para profundizar en materia de reformas estructurales —como simplificación regulatoria, mejora del gasto público o fortalecimiento institucional—, que son indispensables para sostener el crecimiento. Asimismo, el énfasis en el mercado debe complementarse con políticas públicas eficaces que aseguren igualdad de oportunidades. 

No obstante, la diferencia central radica en el enfoque. Mientras una propuesta introduce riesgos significativos para la estabilidad económica y la inversión, la otra se mantiene dentro de un marco que ha demostrado generar crecimiento y oportunidades. 

El Perú necesita, con urgencia, recuperar el dinamismo económico. Para ello, se requiere un entorno que promueva la inversión, reduzca trabas y fortalezca instituciones. Tal como hemos señalado, menos barreras y mayor previsibilidad son condiciones esenciales para generar empleo formal y reducir la informalidad. 

La decisión, entonces, no es ideológica, sino pragmática. Entre dos caminos, uno que genera incertidumbre y otro que, con ajustes necesarios, ofrece condiciones para el crecimiento, la opción más alineada con el desarrollo sostenible del país es clara. 

Defender la libertad económica no es un fin en sí mismo, sino el medio más eficaz para generar bienestar. En esa línea, la elección debe responder a qué modelo ofrece mayores garantías para invertir, emprender y crecer. El futuro económico del país depende de ello.