En el Perú, la gran mayoría de empleos son creados desde el sector informal. Esto se explica por diversos factores, como las fuertes cargas regulatorias y fiscales, y la debilidad de las instituciones, los cuales han contribuido a la informalidad del mercado laboral.

La informalidad laboral no solo repercute en la evasión de impuestos o regulaciones, sino que se traduce en baja productividad, bajos salarios y, en situaciones más complicadas como durante la pandemia, en la exclusión del sistema de seguridad social de personas que necesitan apoyo económico en situaciones de emergencia.

De acuerdo con el último reporte del Desempeño del mercado laboral peruano al 2021, elaborado por ComexPerú, la cantidad de trabajadores informales a nivel nacional aumentó a 13,156,308, lo que significa un incremento del 17.2% con respecto a 2020. No obstante, debido a una menor expansión de los empleos formales a nivel nacional (+7.9%), esto llevó a un incremento significativo en la tasa de informalidad laboral al 76.8%, lo cual supera inclusive los resultados de 2017 (72.6%).

A nivel departamental, el análisis nos muestra que, el año pasado, un total de 18 departamentos presentaron una tasa de informalidad superior al promedio nacional. En particular, Huancavelica fue el departamento más afectado con un total de 285,677 empleos informales en contraste con solo 15,700 en el formal, lo que se tradujo en una tasa de informalidad del 94.8%.

Apurímac se ubicó en segundo lugar con una tasa informalidad del 90.6%; a continuación, se situaron los departamentos de Puno (90.4%), Huánuco (89.9%), Cajamarca (89.4%), San Martín (89.3%), Ayacucho (88.8%) y Amazonas (88.3%). No obstante, es importante mencionar que Cusco, Loreto, Pasco, Junín, Ucayali, Áncash, Piura, Tumbes, Madre de Dios y Tacna también superaron el promedio nacional. 

Únicamente, Lambayeque (76.2%), La Libertad (73.3%), Moquegua (70.1%), Arequipa (69.1%), Ica (69.1%), Lima (63.5%) y el Callao (62.1%) registraron una tasa de informalidad menor al promedio nacional. Cabe resaltar que, inclusive, en estos departamentos también se registró un crecimiento en este indicador con respecto a los resultados de 2020.

Otro aspecto importante para destacar del reporte es que la informalidad se ha asociado a un crecimiento débil de la producción y de la productividad laboral, así como a la obtención de peores resultados en materia de pobreza y desigualdad. Si bien existen varios factores adicionales que incentivan la creación de empleos informales, como la baja capacidad regulatoria, existe una clara relación negativa entre el crecimiento de la productividad laboral y la expansión de la informalidad. Es decir, como se observa en el siguiente gráfico, aquellos sectores que registran mayor crecimiento en productividad laboral son los que crean menos puestos de trabajos informales.

En relación con la distribución según tamaño de empresas, la gran mayoría de trabajadores informales continuó concentrándose en las empresas de menor tamaño con 12,282,651 puestos de trabajo en empresas de hasta 20 trabajadores (+16.9% respecto a 2020), lo que representó el 93.4% del total del año pasado. Al cierre del 2021, según el reporte de las micro y pequeñas empresas en el Perú elaborado por ComexPerú, el 86.3% de ellas eran informales, un alza respecto a 2020 y 2019.

CASOS DE ÉXITO: ¿QUÉ PODEMOS HACER?

La informalidad en el país es un problema que debemos combatir de forma estructural, ya que es uno de los factores determinantes que retrasa el crecimiento de nuestra economía y genera enormes pérdidas de productividad, debido a los incentivos que tienen las empresas pertenecientes a este sector para producir a baja escala y evitar ser detectadas.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, se recomienda a los países de América Latina una serie de propuestas de políticas que han sido exitosas en algunos contextos, por ejemplo, la reducción de costos laborales, regímenes simplificados de tributación, fiscalización y disuasión, y rediseño de las políticas sociales.

En el caso de México, según el estudio de la Asociación de Contribuyentes, lo más llamativo es el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Este es un acertado modo de agregar a más contribuyentes a la base tributaria mexicana. Así, se permite que las personas naturales puedan desarrollar, de manera conjunta, actividades comerciales minoristas, de servicios al usuario final, de negocios como restaurantes, reparación de vehículos, así como percibir comisiones por ventas, salarios e intereses. Si bien aún convive con la informalidad, es innegable que este sistema ha permitido el crecimiento económico en México, y mantiene un ratio de informalidad (55%) significativamente menor al peruano (76.8%).

Otro caso es el de Colombia, donde el sistema tributario es muy similar al del resto de países latinoamericanos: cuenta con un régimen general de impuesto sobre la renta, así como uno de impuestos a las ventas (IVA) y al consumo (INC). Sin embargo, igual que en México, existe un sistema creado desde 2018 que resulta muy atractivo: el Régimen Simple de Tributación (RST). Este régimen se establece como una alternativa e incentivo a la formalidad para aquellas empresas que, estando o no inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) buscan integrarse efectiva y proactivamente a la base tributaria colombiana.

Al respecto, el Gobierno debería evaluar las medidas adoptadas por otros países y ver cuales podría implementar. Sin embargo, no han puesto énfasis en cómo solucionar el problema de la formalización en el país, cuyos efectos en el tejido laboral y social han sido más evidentes que nunca durante la pandemia. Por el contrario, varias de sus leyes dificultan la creación de empleo formal y obstaculizan la confianza empresarial, como la eliminación de la suspensión perfecta de labores, la tercerización, la sindicalización y el alza del sueldo mínimo, que van en contra de lo que realmente se necesita.

Finalmente, desde ComexPerú, hacemos un llamado al Gobierno para que se ejecuten políticas que solucionen los problemas estructurales del mercado laboral peruano. Estas deben estimular una mayor inversión privada que impulse la creación del empleo formal de calidad en adecuadas condiciones. Para ello, es indispensable generar confianza y predictibilidad, algo que en la agenda propuesta por el Gobierno no se ha contemplado.