El desafío de una transición ordenada

La continuidad de las políticas públicas requiere procesos de transición adecuados. El diseño actual del calendario electoral peruano reduce considerablemente el tiempo disponible para la transferencia de gestión entre Gobiernos. 

La institucionalidad constituye un pilar indispensable para el desarrollo del país. Una estructura estatal sólida institucionalmente permite diseñar e implementar políticas públicas sostenibles en el tiempo que generan un entorno de estabilidad y predictibilidad. Cuando las reglas de juego son claras y consistentes, se favorece el crecimiento económico y se fortalecen los incentivos para la inversión privada[1]. 

No obstante, durante los últimos años, el Perú ha experimentado un marcado deterioro institucional. Como se analizó en el Semanario 1293, se han profundizado diversos problemas que afectan el funcionamiento del aparato estatal, limitan la capacidad de gestión pública, desincentivan la inversión privada y limitan el crecimiento económico. 

Uno de los reflejos más evidentes de esta fragilidad institucional es la elevada rotación de autoridades. Entre 2021 y 2026, el país ha contado con 18 ministros de Economía y Finanzas, situación que dificulta la continuidad de las políticas públicas (continuidad de las mesas ejecutivas, por ejemplo) y afecta la ejecución eficiente del gasto público. 

A ello podríamos sumar el escenario electoral correspondiente al período 2026-2031. De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados oficiales de los comicios se conocerían recién a mediados de julio, lo que deja apenas dos semanas para realizar una transferencia de gestión antes del cambio de mando del 28 de julio. Este reducido plazo podría afectar la capacidad de respuesta de la nueva administración desde el inicio de su gestión. 

Además, un plazo tan reducido resulta operativamente inviable. Ello debido a que la Directiva N.º 016-2022-CG/PREVI de la Contraloría establece que la acreditación del equipo de transferencia de la gestión entrante debe realizarse dentro de los tres días posteriores a la proclamación de los resultados. En ese sentido, cualquier retraso en el nombramiento reduciría aún más el tiempo disponible para conformar los equipos encargados de evaluar la transferencia de gestión en los diecinueve ministerios. 

Esta situación dificulta la adecuada revisión de proyectos de inversión y obras en ejecución, así como de los contratos y obligaciones vigentes del Estado. El problema se agrava si se considera que la citada directiva dispone que el informe de transferencia debe incluir información para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Así, una transición acelerada podría limitar la entrega y evaluación de información clave para la correcta ejecución de proyectos y la continuidad de las funciones estatales. 

Si se compara con otros países de la región como Chile, Colombia o Argentina, donde la transición del Poder Ejecutivo suele extenderse por al menos un mes, resulta evidente la importancia de contar con un periodo razonable para el relevo gubernamental. Este plazo permite que las nuevas autoridades tomen conocimiento oportuno del estado de la gestión pública, los proyectos de inversión en curso, las obligaciones asumidas por el Estado y los principales desafíos sectoriales. 

Frente a este escenario, resulta indispensable impulsar reformas que permitan una transición gubernamental más ordenada y eficiente. Una de las principales medidas pasa por revisar el calendario electoral: adelantar la fecha de la primera vuelta y reducir el intervalo hacia la segunda permitiría ampliar el periodo de transferencia entre gobiernos. Contar con una transición de al menos sesenta días debería constituir un estándar mínimo, de modo que las nuevas autoridades dispongan del tiempo necesario para planificar adecuadamente y asumir sus funciones con mayor preparación desde el primer día. 

Finalmente, así como existen plazos legales estrictos para resolver recursos de nulidad y apelaciones, también debería establecerse un límite temporal definido para que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyan el cómputo de actas y culminen el proceso electoral. La existencia de plazos definidos en esta etapa fortalecería la predictibilidad del sistema electoral y permitiría a los distintos actores planificar adecuadamente las acciones posteriores a la elección. 

La transición gubernamental no constituye una mera formalidad administrativa, sino una etapa clave para asegurar la continuidad del Estado y la adecuada transferencia de información, responsabilidades y prioridades entre administraciones. Por ello, resulta indispensable que las autoridades electorales culminen las etapas pendientes con la mayor celeridad posible, respetando siempre las garantías y procedimientos previstos por la ley. Un mayor margen de tiempo para la transferencia de gestión permitiría al Gobierno entrante preparar mejor el inicio de sus funciones y atender con mayor eficacia los desafíos del país.

[1] Gobernanza y fortalecimiento institucional. Asociación Internacional de Fomento. Grupo Banco Mundial. 2019