A casi un año de confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, nuestro sistema de salud agoniza cada vez más. La pandemia lo puso en el centro del debate, pero sus deficiencias ya se habían normalizado. Por ello, resulta importante evaluar la situación de nuestros centros de salud, hospitales y demás tipos de infraestructura sanitaria para comprender los inmensos retos que debemos superar si queremos construir un mejor sistema, que garantice el derecho a la salud a más peruanos.

Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la oficina de Programación Multianual de Inversiones, actualizó el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud para 2020. Este reporte consta de 10 indicadores que buscan dar seguimiento al cierre de brechas y están definidos según su tipología de inversión y servicios públicos. Cabe destacar que el análisis solo toma en cuenta los establecimientos de salud en funcionamiento del Minsa, EsSalud, las sanidades de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional del Perú. En suma, los indicadores revelan que el sector se encuentra en un estado crítico; sin embargo, preocupa que no se proyecten reducciones significativas hacia 2022.

A inicios de 2021, el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención (8,531 de 8,783) presenta capacidad instalada inadecuada, lo que se entiende como infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Esta cifra refleja la urgencia de una intervención integral en infraestructura y equipamiento en casi todos los establecimientos de atención primaria.

En cuanto al estado de los hospitales, de los 247 contabilizados a nivel nacional al cierre de 2020, 236 tienen capacidad instalada inadecuada. En términos proporcionales, el incremento de infraestructura inadecuada entre 2019 y 2020 habría pasado del 51% al 95.5%. Esta brecha se explicaría por el colapso sanitario que originó el incremento sustancial de las atenciones a pacientes con coronavirus. A nivel desagregado, los departamentos con menores indicadores de brecha de infraestructura y equipamiento en estos establecimientos son Tumbes (67%), San Martín (70%), Moquegua (75%) e Ica (89%).

Por su parte, el 77% de los institutos especializados (10 de los 13 existentes a nivel nacional) no cuenta con infraestructura y equipamiento acordes con los estándares sectoriales establecidos, mientras que en 2019 este valor era del 60%. Y si analizamos los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS), entidad dedicada a la investigación de problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico, la realidad es preocupante, con un 95.1% de establecimientos con capacidad instalada inadecuada, y tanto la cifra de 2019 como la meta para 2022 reflejan una variación nula. Y la situación es similar en el caso de laboratorios regionales de salud pública, de los cuales el 96% no se encuentra en condiciones óptimas en relación con la infraestructura y el equipamiento especializado para ofrecer el servicio.

¿CUÁNTOS ESTABLECIMIENTOS NOS FALTAN?

De acuerdo con el referido reporte, nuestro país presenta una brecha de 1,791 centros del primer nivel de atención, es decir, un 44% para contar con el óptimo de 4,041 requeridos. En términos proporcionales, los departamentos con mayor requerimiento de nuevos establecimientos son Lima (60%), Lambayeque (52%) y Callao (51%), que a la fecha cuentan con menos de la mitad de los establecimientos necesarios para ofrecer el servicio adecuadamente. De igual forma, por el lado de los hospitales, el país requiere 156 para alcanzar la cantidad óptima estimada de 383 y los departamentos con mayor brecha respecto del óptimo son Piura (70%), Cajamarca (65%) y Huancavelica (58%).

Por último, en cuanto a los centros de Promoción y Vigilancia Comunal, el reporte indica que existe una brecha del 69% a nivel nacional, es decir, nos faltan 1,393 para llegar a un óptimo de 1,889. Cabe destacar que la importancia de estos centros recae en su incidencia para la promoción de la salud orientada al cuidado adecuado y oportuno de los infantes, a través de técnicas educativas de salud con la participación de madres, cuidadores, agentes comunitarios y personal de salud.

No obstante, sorprende que el Minsa no proyecte una reducción de la brecha de establecimientos en ninguno de los tres indicadores previamente mencionados para el 2022, pese a que, dada la crisis sanitaria, en adelante necesitaremos fortalecer el sistema de salud en todos sus niveles.

En este escenario, la inversión pública juega un rol determinante para la generación del capital necesario que permita garantizar la provisión adecuada del servicio de salud. Sin embargo, aún queda un gran espacio de mejora en cuanto a ejecución del presupuesto destinado a nivel de Gobiernos subnacionales. Para tener una idea, de acuerdo con el Reporte de Eficacia del Gasto, en 2020, la ejecución de la inversión pública en salud a nivel de Gobiernos regionales fue del 68.3% y, peor aún, el departamento de Cajamarca solo registró un avance del 16.7% del presupuesto destinado. Esto cobra mayor relevancia si consideramos que, de acuerdo con el reporte del Minsa, el 87.5% de los establecimientos del primer nivel de atención del sector público a nivel nacional se encuentran bajo la responsabilidad de los Gobiernos regionales.

El panorama presentado refleja, una vez más, la precaria condición de nuestro sistema de salud, que se ha visto gravemente afectado por la crisis sanitaria. Necesitaremos establecer una política de salud clara que nos guíe en los siguientes años, que serán cruciales para el fortalecimiento del sector. A su vez, urge reforzar las capacidades de los Gobiernos regionales para ejecutar los recursos destinados a la mejora de bienes y servicios en salud.