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EL 89.2% DE PERSONAS TUVO ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO URBANO EL AÑO PASADO, PERO EN EL RURAL APENAS EL 30.2%

Por ComexPerú / Publicado en Junio 11, 2021 / Semanario 1078 - Hechos de Importancia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la carencia de un sistema adecuado de saneamiento no solo es perjudicial para la salud, sino que también implica pérdidas económicas por los gastos adicionales para tratar las enfermedades que esto puede generar y las limitaciones para asistir a las escuelas. Debido a esto y a la inequidad en el acceso a dicho servicio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) elaboró el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, el cual orienta la gestión e inversión del sector. Así, el Gobierno se comprometió a alcanzar la cobertura universal de saneamiento en 2021 para las zonas urbanas y en 2030 para las rurales. 

Esto es el resultado de varios esfuerzos previos para garantizar el acceso adecuado al servicio de saneamiento en el país, que reconoce las dificultades del aparato público para proveerlo. Por ejemplo, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) fue creado como respuesta a las deficiencias en la gestión y administración de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) de saneamiento públicas, pues muchas de ellas habían sido llevadas a la insolvencia, según el MVCS. Además, al cierre de 2016, este ministerio identificaba un total de 226 proyectos paralizados, que en conjunto ascendían a S/ 1,311 millones, debido principalmente a problemas en el diseño de sus expedientes técnicos, problemas con los contratos o la ejecución de la obra, es decir, ineficiencias administrativas.

 

Respecto de su desempeño, en el ámbito urbano, la proporción de personas que acceden al servicio de agua a través de red pública[1] se mantuvo prácticamente constante tras pasar del 94.5% en 2016 al 94.8% en 2020, 0.5 puntos porcentuales (pp.) por debajo de lo registrado en 2018 (95.3%) y 3.3 pp. menos que lo esperado para el año pasado (98.1%). De acuerdo con el MVCS, esto se explicaría por el crecimiento de la población del área urbana, la cual superó la velocidad de creación de nuevas conexiones, a pesar de los esfuerzos de las EPS. Por su parte, en el ámbito rural, la cobertura ascendió del 71.2% al 77.6% entre 2016 y 2020, también un desempeño menor al esperado (81.8%).

 

De forma similar, en el ámbito urbano, la proporción de personas con acceso al servicio de alcantarillado[2] aumentó levemente del 88.3% al 89.2% entre 2016 y 2020, 7.3 pp. por debajo de lo esperado (96.5%) y también por debajo de lo registrado en 2018. Por su parte, en el ámbito rural, esto se incrementó del 24.6% al 30.2% entre 2016 y 2020, aunque la proporción esperada fue del 58%, unos 19.8 pp. adicionales a lo registrado. De acuerdo con el MVCS, esto se explicó por el desempeño de la inversión pública que, a pesar de culminar 194 obras el año pasado —lo que significó la instalación de 30,407 nuevas conexiones domiciliarias—, no fue suficiente para alcanzar el objetivo propuesto.

Al margen de estos resultados, se debe reconocer el progreso desigual en el logro de una mayor cobertura. Por ejemplo, a pesar de que la proporción de hogares que accedieron al servicio de agua a través de red pública ascendió al 90.8% a nivel nacional el año pasado, en departamentos como Loreto (63.6%), Puno (76.5%) y Ucayali (79.3%), los tres peores resultados, el indicador se encuentra considerablemente rezagado, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). Lo mismo sucede con los departamentos de Ucayali (47%), Madre de Dios (47.4%) y Loreto (49%) con respecto a la proporción de hogares con servicio de alcantarillado, pues el promedio nacional fue del 78.2%.

RETOS DE LA NUEVA GESTIÓN

Si bien alcanzar la meta propuesta de una cobertura universal de saneamiento en el país será complicado, se debe reconocer la necesidad de lograrlo, sobre todo en el ámbito rural, donde la brecha de cobertura es mayor, acrecentada por la aún vigente crisis sanitaria. Para ello, resultará necesario solucionar los problemas que limitaron el avance en los últimos años, como la ineficiencia de la gestión pública. En particular, la función saneamiento se posicionó como la tercera más importante en materia de inversión pública el año pasado, con S/ 3,186 millones ejecutados, pero esto apenas representó el 55.5% del presupuesto que tenía asignado, y se mantiene sin superar el 60% desde 2017, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, en un contexto de inestabilidad, también resultará necesario asegurar la continuidad de las obras programadas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) que se ejecutarían mediante la modalidad de asociación público-privada (APP) en el sector saneamiento, las cuales suman S/ 3,551 millones en conjunto. De ellas, sobresale el proyecto Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima (S/ 2,513 millones), la cual recién sería adjudicada durante el cuarto trimestre de 2021, según ProInversión. Por su parte, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Titicaca (PTAR Titicaca), la segunda más valiosa con S/ 863 millones, recién inició su ejecución en mayo del presente año, según el MVCS.

Sin duda, la reciente noticia del destrabe de más de 450 proyectos de agua y saneamiento por parte del MVCS a nivel nacional es valiosa, pero no bastará para alcanzar las metas de cobertura universal inicialmente propuestas. Esto porque existen cuellos de botella, entre otras limitaciones, que retrasan la ejecución de las inversiones públicas, y las propuestas de “reemplazo del sector privado” aceptadas por varios congresistas podría perjudicar el progreso de las APP.

La nueva gestión necesitará una mayor coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, pero también con el sector privado, si verdaderamente aspira a solucionar la falta de acceso a los servicios de saneamiento. Solo así se priorizará el bienestar de tantos compatriotas todavía no atendidos.


[1] Se consideran el acceso mediante red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda (pero dentro de la edificación) y el pilón de uso público. 

[2] Incluye a la población en viviendas con conexión del servicio higiénico por red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda (pero dentro de la edificación) o letrina.

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