Dos visiones sobre la simplificación administrativa en el Perú

Los costos generados por las barreras burocráticas y la falta de simplificación administrativa afectan a la economía en su conjunto. En ese contexto, cobra relevancia analizar las propuestas planteadas por los partidos que pasarían a la segunda vuelta electoral en materia de reducción de trámites y simplificación, para promover la competitividad y el impulso económico en el país.

De acuerdo con el “Reporte de Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas”, publicado en 2025 por el Indecopi, durante el periodo 2020-2024, se declararon 26,387 barreras burocráticas, las cuales habrían generado costos por aproximadamente S/ 874 millones. 

El reporte destaca que, durante 2024, la imposición de barreras burocráticas continuó afectando a distintos sectores económicos. En el caso del sector construcción, por ejemplo, se identificaron barreras vinculadas a licencias de edificación, autorizaciones municipales[1] y habilitación urbana[2], las cuales habrían generado un costo de S/ 30.4 millones. De igual forma, también se registraron afectaciones a personas naturales en trámites relacionados con la obtención de grados académicos y colegiaturas. Finalmente, se pone en evidencia que el 9.8% del costo total impuesto por barreras burocráticas en ese año habría impactado directamente en el sector comercio, con aproximadamente S/ 5.6 millones. 

Al considerar esto, de cara a una segunda vuelta electoral[3], nuestro país necesita con urgencia políticas económicas (fortalecimiento de Indecopi, mesas ejecutivas y desburocratización) que deberían implementarse para impulsar medidas que promuevan la simplificación y agilización de trámites. Por tanto, resulta relevante analizar qué vienen proponiendo los candidatos que aspiran a dirigir el Poder Ejecutivo en estas materias. 

El plan de gobierno de Fuerza Popular se mantiene bajo el enfoque de la economía social de mercado y plantea impulsar la inversión privada. Para ello, busca reducir en al menos un 40% el tiempo promedio de los trámites para proyectos de inversión y eliminar más de 500 procedimientos burocráticos redundantes. Además, buscan digitalizar el 80% de los trámites empresariales a través de la Ventanilla Única Digital Nacional con Inteligencia Artificial, aplicarán el "silencio positivo" a los trámites que correspondan y ejecutarán una estrategia de "cero colas" en las entidades públicas. 

De otro lado, se propone reforzar el rol proactivo de Indecopi en la identificación y eliminación de barreras burocráticas, otorgándole facultades para realizar supervisiones preventivas, auditorías aleatorias y revisiones sectoriales de oficio, priorizando aquellos procedimientos que generen mayores costos o demoras a ciudadanos y empresas. 

Por otro lado, al revisar el plan de gobierno de Juntos por el Perú, se advierte que este no tiene propuestas orientadas a impulsar la competitividad de las industrias ni a reducir las cargas burocráticas que afectan la actividad económica. En cambio, dentro de su apartado económico, plantean fortalecer el rol regulador del Estado, sin considerar una reducción del aparato estatal ni de la burocracia asociada a este, lo que podría generar mayores niveles de intervención y rigidez en distintos sectores económicos. Esto, a su vez, ignora la afectación a diversos sectores, incluyendo los micro y pequeños empresarios. 

El Perú se encuentra en un contexto en el que se necesita impulsar las acciones que han aportado un cambio en el sector económico, tales como las mesas ejecutivas y el shock desregulatorio que se estuvo impulsando por parte del MEF. No puede darse el lujo de retroceder a mecanismos que han demostrado limitar la competitividad, desalentar la inversión y reducir las oportunidades de crecimiento. Las propuestas no deben generar mayores niveles de rigidez o sobrecarga regulatoria que terminen afectando el desarrollo de las industrias, la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

[1] La exigencia de renovar la autorización para la instalación de un anuncio publicitario, impuesta por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (declarada ilegal en la resolución 0468-2024/SEL-INDECOPI).

[2] La suspensión del trámite de procedimientos administrativos para obtener certificados de posesión, licencias de habilitaciones urbanas, licencias de edificación y documentos relacionados a dichos títulos habilitantes, realizada por la Municipalidad de Punta Hermosa (declarada ilegal en la resolución 0564-2024/SEL-INDECOPI).

[3] Pendiente de ser oficializados por la ONPE el 15 de mayo, según lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones.