Pocas cifras retratan con tanta crudeza los desafíos estructurales del Perú como la tasa de informalidad. El 99.7% del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas (mypes), de las cuales el 86.8% opera en la informalidad. Esta situación responde menos a una intención evasiva que a un marco institucional y normativo que penaliza la formalización: trámites costosos, reglas complejas, costos no salariales desproporcionados y escasos incentivos. Además, el 52.4% de mypes inicia su negocio por necesidad y no por oportunidad, lo que evidencia su fragilidad estructural. 

Durante años, la pregunta predominante ha sido la misma: cómo hacer que los informales “den el salto” a la formalidad. Pero quizás estamos formulando mal la interrogante. 

Lo que realmente necesita el país no es convencer a los informales de formalizarse bajo las reglas actuales, sino construir una nueva formalidad que resulte genuinamente atractiva, viable y sostenible. La informalidad no es una elección libre o ideológica; en la mayoría de los casos, es la única salida posible frente a un sistema que impone altos costos, burocracia excesiva y una oferta pública débil. 

La informalidad no se combate con sanciones ni campañas morales, sino con reformas que faciliten el cumplimiento de las reglas. Necesitamos un entorno tributario más simple, un régimen laboral que realmente promueva empleo y un marco regulatorio (sobre todo municipal) que no castigue con trabas lo que debería promoverse: la inversión, el emprendimiento y el empleo. 

Hoy, una gran mayoría de los empresarios informales percibe que el Estado no les brinda ningún apoyo. En ese contexto, ¿cómo exigir el cumplimiento del deber ciudadano de pagar impuestos si el Estado no demuestra, con hechos, que sabe usarlos a favor del contribuyente? Ojo, que no se entienda que promuevo el incumplimiento tributario, todo lo contrario. Sin embargo, la relación debe ser bidireccional: el Estado recauda, pero también retribuye con servicios eficientes, infraestructura de calidad y seguridad jurídica. Como bien decía Margaret Thatcher, “no existe dinero público, solo dinero de los contribuyentes”. 

Por eso, saludamos medidas como el shock desregulatorio impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un paso en la dirección correcta para remover barreras que desincentivan la formalización y perpetúan la baja productividad. Pero no basta. Requerimos una agenda más ambiciosa: una reforma integral que articule mejoras tributarias, laborales y regulatorias, desde lo local hasta lo nacional, con un enfoque en resultados y no en trámites. 

El Perú necesita construir una nueva formalidad para una nueva economía: más inclusiva, más productiva y más libre. Porque mientras sigamos culpando al informal por no entrar a un sistema que le cierra la puerta en la cara, seguiremos condenando al país a la precariedad.