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SUBSIDIO AL EMPLEO FORMAL: S/ 536 MILLONES PARA LOS MENOS NECESITADOS QUE NO SOLUCIONAN LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISTIVO DE LOS TRABAJADORES

Por ComexPerú / Publicado en Noviembre 19, 2021 / Semanario 1098 - Economía

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los ingresos salariales promedio provenientes del trabajo todavía no terminan de recuperarse del impacto negativo de la pandemia. En particular, en el área urbana, la cual explicó el 77.7% de los empleos generados a nivel nacional durante el tercer trimestre de este año, el salario promedio ascendió a S/ 1,379 durante el año móvil de octubre de 2020 a setiembre de 2021, situándose por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado (S/ 1,463). A pesar del progreso observado a lo largo de 2021, es importante destacar que dicho resultado estaría aún más lejos de alcanzar los resultados de octubre de 2018 a setiembre de 2019 (S/ 1,582).

Esta situación, sumada a un contexto de incremento de los precios y deterioro del tipo de cambio, propició que recientemente se contemple aumentar la remuneración mínima vital (RMV). No obstante, a pesar de que la política de ajustes al salario mínimo es común en varios países, su mala aplicación puede limitar el desarrollo del mercado laboral, en particular uno con alta informalidad como el peruano.

En nuestro país, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) aprobó en 2007 los lineamientos técnicos para determinar los incrementos de la RMV, los cuales establecen que las modificaciones a la RMV se deben explicar por incrementos en la inflación subyacente proyectada[1] y en la productividad total de factores. Es decir, responde a la pérdida de poder adquisitivo asociada al incremento general y permanente de los precios, y al mayor nivel de productividad en la economía, que permitiría trasladar mayores ingresos a los trabajadores por la mayor eficiencia de sus labores. 

En ese sentido, resulta necesario reconocer que la mayor inflación observada en los últimos meses responde, principalmente, a la inflación no subyacente, es decir, a factores transitorios y externos que no pueden controlarse mediante la política monetaria, como es el incremento de los precios internacionales, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En particular, en Lima Metropolitana, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no subyacente ascendió al 11.1%, lo que supera ampliamente el 3.2% registrado en el IPC subyacente, cuyo comportamiento se mantuvo casi constante durante los últimos años y recién muestra leves incrementos.


Esto es consistente con las declaraciones de Julio Velarde, presidente del Directorio del BCRP, quien catalogaba en agosto la mayor inflación observada en el país como coyuntural, y se espera que se normalice en los próximos meses. Si bien la mayor inflación es un detalle no menor, pues afecta directamente a los consumidores, es importante resaltar que combatir un fenómeno transitorio con incrementos en la RMV no sería la opción más adecuada.

Por el contrario, más beneficioso podría resultar, en el corto plazo, una mejor gestión gubernamental con un claro compromiso por el desarrollo del país, en vez de continuar apostando por propuestas que deterioren el tipo de cambio. Cabe mencionar que, aproximadamente, el 20% de los bienes considerados en la canasta básica familiar son importados o están denominados en dólares (ver Semanario 1077).

MERCADO LABORAL PERUANO: RETOS DE IMPLEMENTACIÓN

Lamentablemente, la discusión respecto a la pertinencia de incrementar el salario mínimo requiere considerar las consecuencias negativas que su aumento pueda generar en el mercado laboral formal, más aún en un escenario de recuperación económica. De acuerdo con el Banco Mundial, una manera de evaluar el impacto económico y social que suponen los salarios mínimos consiste en compararlos con los salarios promedio y evaluar la proporción de trabajadores que serían afectados por dicha política.

Al respecto, durante el año móvil de octubre de 2020 a setiembre de 2021, la tasa de informalidad laboral ascendió al 78.2% a nivel nacional, según el INEI, por lo que solo una proporción reducida de trabajadores (el 22.8% restante) sería obligado a cumplir con el mayor salario mínimo.

Asimismo, es importante considerar que un 58.4% de los trabajadores a nivel nacional recibieron una remuneración promedio anual menor o igual a la actual RMV el año pasado (ver Semanario 1084). Esta situación es aún más grave en diez departamentos donde más del 70% de trabajadores recibieron salarios menores: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno y San Martín.

Además, en un contexto como el presente, la propuesta de incrementar el salario mínimo desconoce que las empresas también han visto reducido su poder adquisitivo por los incrementos en los precios internacionales y la devaluación de la moneda peruana.

Por lo tanto, el nivel del salario mínimo es elevado con respecto al promedio nacional, sumado al incremento en los costos de producción para las empresas, indicaría que aumentar la RMV sería contraproducente para la recuperación del empleo y el salario promedio nacional. Esto se agrava al considerar que, si bien la cantidad de puestos de trabajo a nivel nacional en el tercer trimestre de este año ascendió a 16,964,200 (-0.9% respecto al mismo periodo de 2019), la mayoría de esta recuperación proviene de empleos de menor calidad, pues la cantidad de subempleados ascendió a 8,015,900 (+7% respecto al mismo periodo de 2019), lo que ha generado que la tasa de subempleo ascienda al 44.7%, según el INEI.

Es decir, una proporción considerable de la población económicamente activa no encuentra un trabajo apropiado que le permita trabajar la cantidad de horas deseadas o acceder a salarios adecuados para sus funciones. Esto, sumado al incremento considerable de la informalidad laboral, indica que la recuperación de los empleos se está concentrando en aquellos de menor calidad.

¿ALTERNATIVAS AL MAYOR SALARIO MÍNIMO?

Si bien el Ejecutivo, con miras a minimizar el impacto de un incremento inmediato en el salario mínimo, planteó un nuevo esquema de subsidio que otorgaría un bono único de S/ 210 a los trabajadores formales que reciban un salario de hasta S/ 2,000, esta medida también debe analizarse con cuidado. Al respecto, dicha entrega no revertirá la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los trabajadores producto del incremento en los precios al consumidor derivado de las mayores cotizaciones internacionales y la devaluación de la moneda local.  

Además, a pesar de la buena intención, existe un claro problema de focalización, pues el sector informal es mucho más vulnerable que el formal al no poseer derechos laborales que la ley exige para un trabajo decente. Inclusive, el salario promedio mensual en el sector formal, que ascendió a S/ 2,366 el año pasado, era considerablemente mayor al informal, que solo alcanzó los S/ 815, según cifras del MTPE. Esto generó que, en el 2020, mientras que 2,045,935 trabajadores formales recibieron hasta S/ 2,000, y representaron un 55.7% del total formal, 8,369,260 trabajadores informales registraron salarios de hasta S/ 2,000, pero representaron un 94.2% del total de empleos informales.


Asimismo, también es importante considerar que, en agosto de 2021, la cantidad de trabajadores formales que recibieron un salario de hasta S/ 2,000 ascendió a 2,550,807, lo que representa un 69.4% del total de trabajadores formales asalariados en dicho mes. Es decir, una transferencia de S/ 210 a cada uno supondría un gasto equivalente a S/ 535,669,470 que, además de no resolver el motivo de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ni focalizarse en los más necesitados, podría destinarse a otras funciones importantes. Por ejemplo, dicho monto equivaldría, aproximadamente, a la construcción de siete hospitales, o podría utilizarse para garantizar la educación primaria de 29,494 alumnos.

Sin duda, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es preocupante, pero las medidas que se dicten deben basarse en un análisis técnico y ser focalizadas correctamente; de lo contrario, no solo no se logrará el objetivo deseado, sino que se hará un uso ineficiente de los recursos públicos.

El país requiere impulsar la recuperación de las micro y pequeñas empresas para mejorar la calidad del empleo (tanto en salarios como en beneficios no salariales), lo cual será más difícil si se apuesta por incrementarles los costos de contratación, en un contexto en el que los precios de los insumos de producción importados también se han elevado.


[1] De acuerdo con el BCRP, la inflación subyacente cuantifica el aumento generalizado y permanente de los precios, excluyendo de su cálculo factores volátiles como los alimentos perecibles, aceites, combustibles, servicios públicos y de transporte.

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