Retorno a clases con colegios con muy alto riesgo de colapso

Empieza un nuevo año escolar con el 48.4% de los locales educativos a nivel nacional en muy alto riesgo de colapso. Incluso, en 10 departamentos, más de la mitad de sus colegios está en dicha situación. Cajamarca presenta el peor resultado, pues el 63.4% de sus colegios requiere reconstrucción total. 

La infraestructura constituye un componente fundamental para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje. La evidencia muestra que las instalaciones educativas pueden influir directamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ya que el entorno físico en el que se desarrolla el proceso educativo afecta la forma en que los alumnos experimentan y aprenden, según el Banco Mundial. Por ello, la entidad subraya la necesidad de asegurar entornos educativos seguros, condición básica para que el proceso educativo se desarrolle adecuadamente. 

En el Perú, la brecha de infraestructura educativa asciende a S/ 171,725 millones al cierre de 2025, según datos del Ministerio de Educación (Minedu). Este monto es casi 22 veces todo el presupuesto para invertir en educación de los tres niveles de Gobierno en el presente año (S/ 7,864 millones), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Los departamentos con la mayor brecha en infraestructura educativa son Lima Metropolitana, donde se requiere invertir S/ 17,934 millones para cubrir las deficiencias y necesidades en la construcción, mantenimiento y equipamiento de locales educativos, así como el acceso a servicios básicos de agua potable, electricidad y saneamiento. Le siguen Cajamarca (S/ 15,798 millones), Loreto (S/ 13,376 millones), Puno (S/ 10,755 millones) y Piura (S/ 10,153 millones). 

De las 55,609 instituciones existentes a nivel nacional al cierre de 2025, el 48.4% requieren ser demolidas por completo y reconstruidas (26,905 colegios), debido a que el 70% o más del área techada total presenta muy alto riesgo de colapso. Por su parte, el 11% de los colegios requiere una sustitución parcial (6,116 instituciones educativas); el 9.1% precisa reforzamiento (5,076); el 9.1% necesita intervención contingente (5,086); el 14.6% no requiere intervención estructural (8,134) y solo en el 7% del total no hace falta ninguna intervención (3,876)[1]. 

Casi la mitad de las instituciones educativas están en riesgo de colapso. Cajamarca encabeza la lista regional. La situación en dicho departamento es crítica, pues el 63.4% de sus colegios requieren ser demolidos y reconstruidos por completo. Le siguen los departamentos de Puno (58.8%), Huánuco (58.4%), Apurímac (58.3%) y Amazonas (58.1%). En diez departamentos, más de la mitad de sus colegios necesitan ser sustituidos por completo. 

Otro factor fundamental para el desarrollo del aprendizaje es el acceso y la disponibilidad de los servicios básicos. Por ejemplo, si bien es cierto que el 92.4% del total de instituciones educativas a nivel nacional cuenta con acceso al servicio de agua, solo el 52.7% tiene acceso adecuado (vía red pública, a través de pilón de uso público o mediante camión cisterna o similar). El 47.3% restante tienen un acceso inadecuado al servicio (mediante pozo, sistema de captación de agua de lluvia, río, acequia, manantial u otro). Lo mismo ocurre con el acceso al servicio de alcantarillado y energía eléctrica. 

Recientemente, el Minedu aprobó extender la vigencia del Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE) hasta 2028. Sin embargo, avanzar con el cierre de brechas de infraestructura educativa no será posible sin una visión de largo plazo, liderazgo del sector y compromiso presupuestal bajo un criterio de priorización de las inversiones. El sector educación es el segundo con mayor asignación presupuestal para inversión pública, solo después del sector transportes. 

El deterioro de casi la mitad de los colegios del país evidencia décadas de inversión insuficiente y mantenimiento postergado, lo que compromete la calidad educativa y amplía las brechas territoriales. Reducir esta brecha requerirá no solo mayores recursos, sino también una gestión más eficiente de la inversión pública, mecanismos de priorización basados en riesgo y necesidades, y una estrategia sostenida de mantenimiento de la infraestructura existente. Sin estas condiciones, el país continuará iniciando cada año escolar con miles de estudiantes aprendiendo en entornos que no garantizan seguridad ni condiciones adecuadas para su desarrollo.

[1] De acuerdo con el Minedu, 416 locales educativos no poseen información del tipo de intervención requerida.