En 2024, el 22.6% de la población entre 5 y 17 años estuvo involucrada en algún tipo de trabajo, dentro o fuera del hogar[1], lo que equivale a 1.8 millones de menores de edad, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Aunque esta cifra representa una reducción de 168,099 casos respecto de 2023, el trabajo infantil sigue siendo una realidad extendida en el país. ¿Qué políticas demostraron ser efectivas en la región y cómo avanza el Perú? 

El trabajo infantil plantea una disyuntiva crítica: dedicar el tiempo a trabajar o invertirlo en estudiar. Esta decisión tiene consecuencias sobre la capacidad de las personas para insertarse en empleos adecuados. Como advierte el Banco Mundial, los ingresos perdidos por menor escolaridad superan, a largo plazo, cualquier ganancia temprana derivada del trabajo infantil. En 2024, dicha tasa es mayor en zonas rurales, donde alcanzó el 53.1%. Esta situación afectó a 948,378 menores de edad. En las zonas urbanas, la incidencia disminuyó al 13.9%.  

A nivel departamental, el trabajo infantil disminuyó en 16 de 24 departamentos en 2024, en relación con 2023. Los mayores avances se observaron en Apurímac y Piura, donde las tasas retrocedieron 7 y 5.7 puntos porcentuales (pp.), respectivamente. Por otro lado, las tasas más elevadas se reportaron en Huancavelica (60%) y Áncash (50.2%).  

No obstante, 8 departamentos empeoraron frente a los niveles registrados antes de la pandemia. Junín e Ica son los casos más preocupantes, con aumentos del 12.2 y el 3.3 pp., respectivamente. Cabe señalar, además, que 5 departamentos concentran el 43.1% del total nacional de trabajo infantil: Lima, Cajamarca, Áncash, Junín y Cusco. 

En el Perú, la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 (PNMNNA) —elaborada en 2021 y actualizada en 2024— se presenta como el marco rector en materia de infancia y adolescencia. Su enfoque busca promover una acción articulada entre sectores y niveles de gobierno para revertir condiciones estructurales como la pobreza, la exclusión y la débil protección institucional. En ese marco, el trabajo infantil se considera como un resultado de dichas fallas estructurales. 

Sin embargo, entre sus servicios definidos, solo 2 de 47 mencionan explícitamente acciones dirigidas a enfrentar el trabajo infantil. Primero, el servicio de autorización previa para adolescentes de 14 a 17 años que buscan empleo formal, gestionado por el MTPE. Aunque busca proteger al menor frente a trabajos riesgosos, el servicio podría impactar negativamente en la continuidad escolar. Segundo, el servicio de restitución de derechos para menores en situación de calle, a cargo del MIMP. Este se implementa a través del Servicio de Educadores de Calle, que interviene en espacios públicos para orientarlos y facilitar su salida de las calles. 

Entre las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se subraya la necesidad de intervenir en las actividades empresariales y cadenas de suministro, con especial atención en las microempresas y unidades informales, donde los riesgos de trabajo infantil suelen ser más altos y menos visibles. Asimismo, se plantea la importancia de fortalecer los sistemas educativos, dotándolos de recursos suficientes para acompañar la transición de los adolescentes hacia empleos decentes. 

En Brasil, la OIT destaca el uso de inspección especializada, mediante equipos que trabajan coordinadamente con consejos tutelares y redes de asistencia social para detectar casos de trabajo infantil, restituir derechos y activar mecanismos de protección. A esto se suma el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, reconocido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como una política efectiva que promueve la inserción escolar a través de transferencias condicionadas a las familias. Esto se complementa con planes sectoriales de acción, que articulan esfuerzos públicos y privados en sectores críticos como el cafetalero o la minería artesanal, donde la incidencia del trabajo infantil es mayor, según su Ministerio de Trabajo y Empleo. 

Argentina fue reconocida por la OIT como país pionero en la Alianza Mundial contra el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil. Dicho reconocimiento se sustenta en el fortalecimiento progresivo de su marco normativo, que incluye la aprobación de la Ley 26.390 en 2008, la cual prohíbe el trabajo de menores de 16 años, así como la penalización de la explotación laboral infantil como delito en 2013. Además, tienen operativos de fiscalización en sectores con ámbito rural, a través del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. En 2023, el país ya va aprobando su cuarto Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 

Si bien el Perú ha comenzado a tomar medidas, como la reciente iniciativa de conformar un grupo de trabajo para diseñar transferencias monetarias condicionadas, aún se requiere una respuesta más ambiciosa y territorialmente efectiva en un país marcado por altos niveles de informalidad.

[1] Se emplea la metodología propuesta por el Minedu, la cual considera a los menores ocupados en la producción económica y otras actividades productivas (tareas domésticas).