El Perú ha suscrito recientemente el nuevo Tratado de Alta Mar, un instrumento internacional impulsado por Naciones Unidas con el objetivo de proteger la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. La firma de este tratado ha generado debate, lo que demuestra que no ha existido una correcta difusión de su contenido ni de las implicancias que generaría su firma. 

No se trata de un tema menor. En derecho internacional, cada firma, cada adhesión, va formando parte de una posición jurídica que define al país en el escenario global. No hay actos inocuos en el tablero de las relaciones internacionales. 

Aunque el Tratado de Alta Mar no es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), sí se relaciona directamente con ella. De hecho, el nuevo instrumento se remite expresamente a sus disposiciones. En otras palabras, no puede analizarse de forma aislada. Ambos marcos se entrelazan, y cualquier decisión que se tome en uno de ellos podría tener efectos sobre el otro. 

El punto de fondo aquí es que las decisiones sobre política exterior —y particularmente sobre el uso de recursos naturales estratégicos, como los pesqueros— deben responder a una visión de largo plazo y construirse sobre procesos abiertos, informados y consensuados. Por ello, llama la atención que la firma del tratado se haya producido mientras el mismo Estado peruano impulsa, en paralelo, la formulación de una ambiciosa Política Nacional de Pesca a 2040, la cual establece como principio que toda decisión en el sector debe pasar por un proceso de evaluación técnica y consulta público-privada. Ese principio debe ser respetado de forma coherente en todos los frentes. 

Preocupan, en particular, las posibles implicancias indirectas del tratado sobre las pesquerías migratorias, como el atún, el jurel, la caballa o la pota. Estas especies, de alto valor económico y social, migran entre zonas de jurisdicción nacional y alta mar. Cualquier regulación futura derivada del tratado —por ejemplo, en materia de zonas protegidas o medidas de conservación— podría afectar el acceso y la sostenibilidad de estas pesquerías para el Perú. No se trata de oponerse a la conservación, sino de velar por que esta no se haga a costa del desarrollo ni sin la participación de quienes dependen de estos recursos. Si algo está altamente regulado en el país es nuestro sector pesquero formal, que cumple rigurosamente con altos estándares ambientales y de sostenibilidad. 

Por eso, no sorprende que tanto los gremios de pescadores artesanales como los armadores industriales hayan expresado también su preocupación. La experiencia demuestra que cuando las decisiones no se construyen con participación, surgen resistencias legítimas. 

Ahora el tratado deberá pasar por el Congreso, donde se abrirá un espacio para debatir sus alcances de manera más transparente y democrática. Será una oportunidad valiosa para aclarar dudas, exigir precisiones y, sobre todo, garantizar que cualquier decisión que se adopte respete el interés nacional, en equilibrio con nuestras obligaciones internacionales. En estas materias, el blanco y negro no existe. Lo que corresponde es un debate informado, técnico y con visión de país.