El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) ha presentado tres proyectos de ley que proponen medidas enfocadas en el sector minería. Ninguno de ellos promovería la lucha contra la actividad ilegal. 

Como señalamos en el Semanario 1267, la minería formal aporta casi el 40% del impuesto a la renta empresarial; sin embargo, enfrenta un flagelo: la minería ilegal. Esta es la actividad que se realiza en aquellos lugares prohibidos y que promueve, a su vez, diversos delitos. Es importante no confundir esta con la minería informal, aquella que se realiza sin cumplir con determinados requisitos (por ejemplo, los mineros artesanales y los de pequeña escala, también conocidos como MAPE). 

El gran reto es, precisamente, formalizar a quienes hacen actividad MAPE y castigar con firmeza a los que realizan la actividad ilegal. Está claro que el actual régimen del Reinfo (el registro creado para, en principio, formalizar la MAPE) no ha tenido el éxito esperado. En el Semanario 1230 expusimos cómo 22 años de lucha no han dado resultados claros. 

En este contexto, si bien los tres proyectos de ley del congresista Guido Bellido, de Podemos Perú, se enfocan en temas mineros, ninguno aborda la promoción de la formalización de la MAPE ni la extinción del Reinfo. Este último que se ha vuelto un paraguas de impunidad para que mineros ilegales accedan a este régimen (que, con solo registrarse, les otorga beneficios como evitar sanciones penales por aspectos medioambientales o por comprar explosivos). 

Por ejemplo, el Proyecto 12708/2025-CR propone que las comunidades campesinas y nativas sean propietarias de, por lo menos, el 5% de las acciones de las empresas titulares de concesiones, y que los dividendos se destinen a proyectos de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento de capacidades productivas y protección ambiental. 

Más allá de las manifiestas contravenciones a la libertad de contratar, la libertad de empresa y organización, e incluso a la libertad de las comunidades a obtener incentivos directamente (sin verse forzadas a tener este mecanismo), se aprecia que el problema que se busca resolver es causado por los Gobiernos subnacionales. 

De la propia exposición de motivos de la iniciativa legislativa, se observa una falta de aprovechamiento de las comunidades de las actividades mineras. De acuerdo con el boletín más reciente del Ministerio de Energía y Minas, se reporta que, a agosto de 2025, todas las regiones han recibido dinero derivado de las actividades mineras. Ello evidencia que el problema no radica en la falta de presupuesto, sino en su poca ejecución. La solución es, precisamente, fiscalizar e impulsar la realización de proyectos con el dinero recibido por el canon. 

Por su parte, el Proyecto 12709/2025-CR propone un régimen de comercialización del oro para las MAPE. Para ello, se crearía un nuevo registro en donde las personas naturales o jurídicas que realicen esta actividad presenten una declaración jurada. No obstante, no se ha evaluado la eficacia de este tipo de registros (más aún cuando únicamente se pide una declaración jurada, sin mayor sustento documental), como el propio Reinfo. Este proyecto podría generar que quienes se dedican a la minería ilegal se valgan de terceros inscritos para dotar de legalidad la venta de oro obtenido de forma ilícita, con la excusa de que serían MAPE (tal como sucede con el Reinfo). 

Finalmente, el Proyecto 12730/2025-CR propone crear nuevas causales de caducidad de las concesiones mineras, específicamente dos: por no realizar estudios ambientales y por no realizar explotación minera en un plazo determinado. La exposición de motivos señala que muchos titulares no cumplen con estas obligaciones. Sin embargo, la solución no pasaría por sobrepenalizar, sino por realizar controles más eficaces, para aplicar la normativa sancionadora vigente que castiga, por ejemplo, la actividad minera sin estudio ambiental previo. Si actualmente no están llevando a cabo este tipo de fiscalizaciones, ¿cómo se haría eficaz una medida de caducidad como la propuesta? 

Los tres proyectos de ley mencionados evidencian la falta de interés en realizar la reforma más urgente del sector minero: eliminar la minería ilegal. Uno de ellos propone dotar de más control a las MAPE, cuando únicamente crea un registro bajo declaración jurada, mientras que los otros dos se enfocan en colocar más carga regulatoria a la actividad formal, castigándola justamente por ello. Se necesitan medidas clave, como la eliminación del Reinfo y la actuación firme del Estado para castigar la minería ilegal, así como establecer un régimen real y eficaz de formalización de la MAPE.