La brecha de infraestructura para el período 2016-2025 ha sido calculada en US$ 159,549 millones por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). El sector de transporte es el que mayor déficit presenta, con US$ 57,499 millones. 

A fin de lograr el cierre de brechas, es indispensable la promoción de la inversión privada. Sin embargo, se vienen produciendo hechos que ahuyentarían el capital privado de este tan importante sector para la conectividad del país. 

No olvidemos que el Estado de derecho y la seguridad jurídica son dos pilares fundamentales de la confianza empresarial y la atracción de la inversión en el país. Su relativización impacta en las decisiones de inversión. 

Hace unos meses, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un habeas corpus por supuesta vulneración del derecho al libre tránsito y ordenó a la empresa concesionaria a suspender el cobro del peaje en Puente Piedra. 

El TC dispuso que los peajes se podían establecer cuando exista, al menos, una vía alterna. A pesar de que las partes (concesionario y Municipalidad de Lima) identificaron distintas vías, fue el propio TC quien —con base en apreciaciones subjetivas relacionadas con la distancia, tiempo de recorrido y flujo— concluyó que no las había, por lo que declaró la afectación al derecho de tránsito. 

Si se determinó una vulneración al libre tránsito, en vez de suspender el cobro del peaje, el TC debió ordenar a la municipalidad solucionar estas restricciones, ya que le compete a la autoridad garantizar las vías alternas, las mismas que no pueden ser definidas subjetiva y arbitrariamente por el TC. 

Hace unos días, el Poder Judicial habría admitido otro habeas corpus donde se pretende extender la sentencia del TC para eliminar el peaje en Camaná (Arequipa), lo que afecta la concesión de la Panamericana Sur, desde Arequipa a Tacna.  

Bien ha hecho el Ositrán en apersonarse al proceso manifestando el riesgo de esta demanda, y esperamos que lo mismo ocurra con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Finalmente, tenemos el reciente caso del inicio de obras de construcción de la estación central, por parte del concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima, que ha generado la oposición de la Municipalidad de Lima. Incluso, con la interposición de acciones legales contra el MTC, Ositrán, ATU y el concesionario. 

La suspensión arbitraria de peajes y obras, por parte de algunas autoridades, pone al país en un estado de vulnerabilidad, toda vez que se podría alegar la comisión de expropiaciones indirectas, de acuerdo con lo previsto en los acuerdos bilaterales de inversión y en los capítulos de inversión de tratados de libre comercio. Si ello ocurre, probablemente perdamos en los tribunales internacionales, con fuertes penalidades económicas que pagaremos todos los peruanos. El dinero que debería destinarse para construir carreteras, colegios, postas y brindar a la población una mejor calidad de vida, se irá en pagar multas por la ineptitud de nuestras autoridades. 

El Perú debe ser respetuoso de sus compromisos internacionales y del Estado de derecho. No hacerlo desalienta la inversión, sobre todo en nuevas concesiones relacionadas con el desarrollo de la infraestructura vial en el país, que tanta falta nos hace. ¡Hay que ser responsables!