De acuerdo con el reporte Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el periodo enero-junio 2019, la corrupción y la delincuencia fueron los principales problemas en nuestro país. En cuanto a la corrupción, el 63.7% de la población la ubicó como la principal preocupación (8.5 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo de 2018), seguido por la delincuencia con un 40%. En lo que respecta a la primera, esta se vincula principalmente al poder político, como el tráfico de influencias, cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones, fraudes, descuentos compulsivos, etc.

Asimismo, dentro del mismo reporte, el ranking de las instituciones no confiables fue encabezado por los partidos políticos, cuya tasa de desconfianza y confianza fue del 92.2% y el 3.5%, respectivamente, seguidos por el Congreso de la República (89.8%, 5.2%) y el Poder Judicial (82.8%, 11.6%).

Si por un lado la percepción de desconfianza de la población en las instituciones desfavorece los incentivos para invertir o hacer negocios, también la corrupción, específicamente en el ámbito público, trae consigo serios problemas a nuestra economía. Por ejemplo, este tipo de corrupción incrementa el atraso de obras públicas, a través de su incidencia en las contrataciones del Estado. Así, el último informe La corrupción en los Gobiernos regionales y locales, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), señala que, de 4,225 casos de corrupción en proceso analizados, el 58% estuvo relacionado con los procesos de contratación que efectuaron las autoridades regionales y locales desde sus respectivas instituciones. Cabe resaltar que, de este grupo, existió una mayor incidencia de actos de corrupción en el rubro de contratación de bienes y servicios (53% del total de casos de contrataciones), seguido por obras públicas (47%).

Así, los casos de corrupción tanto en contratación de bienes y servicios como en obras públicas se encontraron vinculados a un proyecto de inversión pública (PIP). En otras palabras, el mayor costo de estas contrataciones se encuentra estrechamente vinculado con el incremento del monto de inversión del PIP declarado viable por encima del porcentaje permitido, sin sustento técnico alguno, lo cual genera una pérdida económica para el Estado en términos monetarios y sociales. Además, como el mismo informe lo menciona, el proceso de ejecución de obras públicas también se encontró afectado por actos de colusión con empresas privadas para favorecerlas en la adjudicación, o por consultorías a cambio de recibir un beneficio económico a manera de soborno.

Es claro que todo lo mencionado, además de la crisis política que han ocasionado las fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la falta de impulso de sectores como la minería, y las protestas sociales vienen contribuyendo a la desaceleración de nuestra economía. Por ende, a puertas de culminar el tercer trimestre del año, las expectativas de crecimiento del PBI se redujeron en comparación con inicios de este año, al pasar de un 4% a un 3%, según el análisis del Consejo Fiscal y de Latin Focus Economics. Asimismo, estas proyecciones se encuentran por debajo de las estimaciones previas del Banco Central de Reserva del Perú, que calculó un crecimiento del 3.4%, en julio.

Por esta razón, se debe tomar conciencia y terminar de una buena vez por todas con la novela generada por los actos de corrupción asociados al caso Lava Jato, así como establecer los mecanismos legales necesarios para que personas inescrupulosas en empresas o funcionarios del Estado no vuelvan a delinquir impunemente. Solo así se crearía un ambiente de confianza para los peruanos y el sector privado con respecto a las instituciones del país. Por ejemplo, el MINJUSDH incorporó en su Plan Multianual de Inversiones 2019-2021 recursos por US$ 367 millones destinados a programas de modernización del sistema de administración de justicia con la cooperación técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Este tipo de medidas deben ser apoyadas, ya que permitirán fortalecer y mejorar instituciones como el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura.

Así, tal como van las cosas, el escenario de los próximos meses será complicado para la economía peruana. Por tanto, debemos revertir la situación para no afectar nuestras oportunidades de crecimiento, como alianzas e inversiones futuras, ya que tanto el ámbito público como privado se verán perjudicados. Además, con el reciente Plan Nacional de Competitividad y Productividad tenemos al alcance los lineamientos para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. ¡Pongámoslo en marcha e impulsemos la economía!