La informalidad es un ancla para el desarrollo de nuestro país. Lo ocurrido en Villa El Salvador, con la deflagración de un camión cisterna de GLP, pone en evidencia el nivel de informalidad en dicho mercado, la cual, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sería de alrededor del 50%. Empresas informales, camiones sin medidas de seguridad, transporte de balones de gas en motos y bicicletas, cero fiscalizaciones y una entidad supervisora que hace agua. Una bomba de tiempo. ¿Por qué tenemos que esperar a que ocurra una desgracia para que las autoridades empiecen a hacer su trabajo? 

La informalidad está enquistada en la sociedad peruana, y el Estado ha cedido espacios que hacen que esta se convierta en ilegalidad y se ponga en riesgo la vida de todos los peruanos. Existe total impunidad ante la informalidad; esa es la cruda realidad. 

Informales son aquellos que están al margen de la ley, que actúan de manera ilegal. Empresas que no pagan impuestos o derechos laborales, que incumplen normas de seguridad, que operan sin permiso de funcionamiento, etc. Día a día vemos cómo miles de informales actúan a vista y paciencia de las autoridades: vendedores ambulantes, colectiveros, mototaxistas, motos que transportan balones de gas, mercadillos de contrabando y piezas robadas, así como los ciudadanos que adquieren esos bienes o servicios. Todos eligen transgredir la ley, porque en el Perú no pasa nada. El Estado, con esa inacción se ha convertido en cómplice de la ilegalidad, es responsable por cada vida que se pierda por su renuncia al principio de autoridad. 

El sector informal representa 7.3 millones de unidades productivas (negocios). Casi 3 de cada 4 trabajadores de la PEA ocupada se desempeña en el sector informal, es decir, el 72.4% del total de trabajadores, según el INEI. El Estado no hace nada por defender sus derechos. Son millones de peruanos que no tienen seguro de salud, pensión ni vacaciones, y muchos trabajan en pésimas condiciones de seguridad ¿Quién los defiende? ¿Recuerdan los jóvenes que murieron quemados en unos contenedores? ¿Qué estamos haciendo para que ello no se repita? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Sunat, el Indeci, el Indecopi y la Sunafil deben fiscalizar a las empresas formales y con mayor razón aún a las informales.

Pero aquí solo se fiscaliza al formal. Las autoridades buscan el facilismo en lugar de atacar una de las principales anclas que frenan el avance hacia el progreso del Perú. ¡Basta ya de castigar al formal y tener mano blanda con el informal! Tal vez no sea lo más popular, pero nuestras autoridades han sido elegidas para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos y para ello no se pueden permitir las acciones al margen de la ley.