En los últimos meses, el Gobierno ha enfatizado su interés en incrementar la remuneración mínima vital (RMV) para cumplir con la promesa realizada por la presidenta Dina Boluarte durante el Mensaje a la Nación en las Fiestas Patrias del año pasado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coincidieron en que el alza del salario mínimo no se realizó por la recesión económica que enfrentó el país, pero que se daría cuando la economía peruana se recupere, algo que esperarían que suceda hacia julio próximo. Sin embargo, es preocupante la insistencia detrás de esta medida populista que no generaría ningún beneficio significativo al mercado laboral peruano, sino todo lo contrario. Además, es cuestionable qué tanto se recuperaría la economía para entonces, dado que el desempeño de enero solo evidencia un rebote estadístico con respecto a los resultados negativos de 2023. 

En realidad, las recomendaciones de diversos especialistas sobre qué tan elevado debería ser el salario mínimo peruano enfatizan que este es altamente desproporcional a la realidad del país y se sitúa muy por encima de las buenas prácticas internacionales. El principal problema que explica esta situación es que el incremento en la RMV debe ir acompañado necesariamente por mejoras en la productividad, pero en nuestro país esto es constantemente omitido. En el Perú, 11 de los últimos 13 aumentos del sueldo mínimo registrados entre 2002 y 2023 sucedieron en periodos electorales o ante la baja aprobación presidencial, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto es lo que el Gobierno nuevamente trata de replicar, porque no existe un verdadero sustento detrás del incremento ni manera de lograrlo sin perjudicar aún más la escasa generación de empleo formal en el país. 

Una primera pregunta válida es si aumentar la RMV verdaderamente influirá en los salarios que reciben los trabajadores del país. Con una tasa de informalidad del 71.1% a nivel nacional, es evidente que no. Puntualmente, se cuenta con 7,616,436 trabajadores en todo el país (formales e informales) que reciben salarios mensuales por debajo de los S/ 1,025, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Ellos representaron el 44.3% de todo el empleo a nivel nacional. Si consideramos solo a los trabajadores asalariados, un total de 5,972,093 están en dicha situación (38.4% del total). Existen 1,644,343 trabajadores en el país que ni siquiera reciben salarios.

Los resultados sugieren una mejora en relación con 2022, pero esto debe analizarse con cuidado para evitar interpretaciones erradas. De acuerdo con las estimaciones, del total de trabajadores que reciben ingresos menores a S/ 1,025, el 96.1% son informales, de manera que es importante tener presente la pérdida de 604,581 empleos informales durante el año pasado (ver Semanario 1198). Estos no fueron compensados con una mayor generación de empleo formal y la mayor parte de dicha contracción se concentró en el sector agropecuario, donde se registra el salario promedio más bajo a nivel sectorial. Es decir, durante el año pasado, se reportaron más personas en el mercado laboral sin oportunidades de ingreso, pero que, si no hubieran perdido sus empleos por la recesión económica, hubiesen recibido salarios menores a la RMV vigente. 

Por ello, la caída en la cantidad de trabajadores que reciben sueldos menores a S/ 1,025 en 778,165 personas entre 2022 y 2023 no debe considerarse completamente como un “progreso”, porque ahora hay más personas que no tienen fuente de ingreso alguna, pues no trabajan y, por ende, son excluidos de este cálculo. 

Esta situación, al igual que la informalidad laboral, se agrava al interior de diversos departamentos. De ellos, 16 superan el promedio a nivel nacional. El más afectado es Puno, donde 501,516 trabajadores (72.7% del empleo total) recibieron ingresos mensuales menores a S/ 1,025 durante 2023, seguido por Huancavelica (71.2%). Cabe resaltar que, estos dos departamentos reportaron la mayor y la cuarta más elevada tasa de informalidad laboral durante el año pasado. Preocupan también los resultados de Cajamarca (69%), Apurímac (66.2%), Amazonas (63.9%) y Ayacucho (61.7%), donde más de 6 de cada 10 trabajadores reciben sueldos menores a la RMV. 

En realidad, casi la mitad de los trabajadores (formales e informales) que recibieron sueldos mayores o iguales a S/ 1,025 durante el año pasado se concentran en Lima (45.6% del total). Por ello, incrementos adicionales al salario mínimo tendrían un efecto marginal en el resto de los departamentos e, inclusive, limitarían la capacidad para generar empleos formales en ellos. 

De acuerdo con estimaciones de la EPEN 2023, en 14 departamentos, el salario promedio del sector informal fue menor a S/ 1,025. Destacan negativamente los resultados de Puno (S/ 738) y Huancavelica (S/ 778). Es imposible esperar una formalización de los trabajadores en dicho sector en el corto plazo ante los bajos niveles de productividad y salariales que enfrentan. 

ENTONCES ¿CUÁNTO DEBERÍA SER EL SALARIO MÍNIMO?

En la práctica, cada país establece su propio mecanismo de actualización de la RMV en función de diferentes criterios, entre los cuales suelen incluirse aspectos como la evolución de la inflación, de la productividad y de la economía. Sin embargo, las recomendaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) reconocen que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve utilizar la relación entre el salario mínimo y la mediana salarial (es decir, el valor monetario que distribuye la cantidad de asalariados en dos partes iguales) para corregir los efectos de los valores extremos que influyen en la estimación del salario promedio.

De acuerdo con esta propuesta, la ratio de la RMV entre la mediana salarial en nuestro país se situó en un 89.1% durante 2022, con una mediana de S/ 1,150 a nivel nacional. Esto superó el promedio de esa misma ratio reportado entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se situó en cerca del 55% el mismo año, según la última información disponible de esta organización. En países vecinos se reportó una mayor proporción, con la más elevada en Colombia (89.9%) y la tercera más alta en Chile (72%). 

Sin embargo, estos niveles elevados en países vecinos no deben justificar la altísima ratio reportada en nuestro país, porque la productividad laboral por trabajador en Colombia es 1.4 veces la peruana, mientras que la chilena es 2.3 veces la nuestra, de acuerdo con estimaciones de la OIT. Esta mayor productividad les permite sostener salarios mínimos más elevados que los nuestros y aun así presentar una menor tasa de informalidad laboral. Cabe resaltar que la mediana salarial en el sector informal peruano fue de S/ 899 en 2022, con lo cual la ratio para este predominante sector se situó en un 114% y evidencia la severa limitación que representa el elevado nivel de la RMV vigente para la formalización. 

Si el Perú intentara replicar el promedio reportado en los países OCDE (aproximadamente, una ratio del 55%), el salario mínimo vigente sería de apenas S/ 633. Y, si intentara mantener la ratio actual, pero calculándola solo en función del sector informal para priorizar la formalización laboral, esta se situaría en S/ 801. Estos cálculos pueden parecer desalentadores, pero constituyen la realidad peruana y ello es consecuencia de la falta de estímulos para la creación de empleos formales y la falta de priorización de las inversiones que generen mayor productividad en el país.