El Consejo Fiscal fue creado en 2013, mediante la Ley N.º 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Es un organismo autónomo y consultivo que no forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que analiza de manera independiente la política fiscal del Gobierno para salvaguardar la sostenibilidad, transparencia y responsabilidad de las finanzas públicas. Sus funciones incluyen evaluar las proyecciones macroeconómicas, el cumplimiento de las reglas fiscales y la evolución de la deuda pública, además de emitir opiniones al respecto para informar a la sociedad y a los responsables de la política económica. 

Si bien sus opiniones no son vinculantes, tienen gran peso técnico y credibilidad ante la opinión pública y los mercados. Generalmente, está integrado por expertos en economía y finanzas públicas, designados por el Ejecutivo para un período fijo, a fin de garantizar independencia y continuidad técnica. 

Hace pocos días, en conferencia de prensa, el Consejo Fiscal en pleno alertó sobre la preocupante trayectoria del déficit fiscal debido a leyes aprobadas y en vías de aprobación por el actual Congreso de la República. A la fecha, se han aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso, más de tres veces el promedio de periodos anteriores. Y existen 352 en trámite. La implementación de todas estas generaría que el déficit fiscal se incremente cinco puntos porcentuales del PBI por encima del escenario del Marco Macroeconómico Multianual, con lo que la deuda pública llegaría al 70% del PBI en un horizonte de 10 años. 

Existen responsabilidades compartidas. En primer lugar, la irresponsabilidad de la mayoría de los congresistas por la aprobación de estas leyes, en gran medida relacionadas con aumentos de remuneraciones en el sector educación (sin que siquiera se vea una mejora en este sector). 

De ahí la importancia de implementar los estándares de mejora regulatoria que viene impulsando la Oficina de Calidad Legislativa del propio Congreso. En el reglamento del próximo Congreso bicameral, se deben incluir disposiciones para favorecer que estos estándares de mejora regulatoria y candados sean vinculantes y eviten la aprobación de medidas que afecten la disciplina fiscal. 

En segundo lugar, la necesidad de que el Tribunal Constitucional garantice el cumplimiento de la disposición constitucional acerca de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Anteriormente, se han emitido pronunciamientos que relativizan esta disposición, lo que ha generado una gran amenaza para la disciplina fiscal. 

Y, finalmente, es urgente recuperar un Ministerio de Economía y Finanzas que negocie con el Congreso y se ponga firme ante las propuestas populistas, vía la observación o impugnación ante las instancias correspondientes, como el Tribunal Constitucional, a través de acciones de inconstitucionalidad. 

Como bien dice Diego Macera, director del BCRP e integrante del Consejo Fiscal, "estamos poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica que tanto nos costó construir, y tirando la responsabilidad de corregir el rumbo a los siguientes Gobiernos y generaciones".