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Eliminación del CAS: Otra más del congreso

Por ComexPerú / Publicado en Abril 06, 2018 / Semanario 931 - Actualidad

Las iniciativas del Legislativo por intervenir injustificadamente en el mercado continúan. Esta vez, la eficiencia del mercado laboral en el sector público y la estabilidad del presupuesto nacional se ponen en riesgo tras la aprobación, por parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, del dictamen de varios proyectos de ley que buscan eliminar el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Cabe mencionar que uno de estos proyectos fue presentado por el vicepresidente de dicha comisión, el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Luis Humberto López[1]; proyecto similar al presentado por el presidente de la comisión, Justiniano Apaza, del Frente Amplio[2].

Si algo comparten todas estas iniciativas legislativas es la falta de rigurosidad técnica y que, de aprobarse en el Pleno del Congreso, le costarían al Estado peruano alrededor del 0.4% del PBI, lo que generaría que la meta de déficit fiscal establecida para los años 2018 y 2019 no se cumpla, según el director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y ex viceministro de Hacienda Carlos Oliva. Más aún, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el costo de la planilla pública se incrementaría entre un 25% y un 30%, es decir, por lo menos unos S/ 2,000 millones adicionales por año, más o menos el presupuesto para los programas sociales Juntos y Pensión 65. ¿Cómo es posible que los proyectos mencionados señalen que no demandarán gasto alguno para el Estado o no irrogan gasto al erario nacional? La negligente y apresurada aprobación del dictamen sobre estos proyectos pone en evidencia la urgente implementación de un análisis de calidad regulatoria (RIA) en el Congreso.

En efecto, la cantidad de trabajadores contratados bajo el régimen CAS ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años. De esta forma, entre 2009 y 2016, pasaron de 156,573 a 257,140, es decir, el número de servidores civiles bajo régimen CAS aumentó a una tasa anual promedio del 8.4%, o un crecimiento acumulado del 76%, según la Autoridad Nacional del Servicio Nacional Civil (Servir). En el último año, estos representaban el 22% de los trabajadores del Estado, o un 40% si no se toma en cuenta a los servidores de las carreras públicas[3], lo que se condice con un aumento en el costo de la planilla pública, y que, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas, creció un 88.6% en el mismo periodo. Asimismo, según cifras de Servir, el costo de la planilla CAS aumentó un 249% entre 2009 y 2016, y en ese último año ya representaba un 17.2% de la planilla del Estado y un 1.2% del PBI nominal.




LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Independientemente de evaluar la idoneidad o no del régimen, es importante tener en cuenta que este fue creado para solucionar el grave problema generado por el creciente uso de los servicios no personales en el sector público, introducido en la década del 90 como respuesta a restricciones presupuestales, y un sistema rígido que dejó la administración precedente para la contratación de nuevo personal, como bien señala Servir. El uso indebido o desnaturalización de un contrato bajo este régimen deberá solucionarse según lo previsto en la regulación vigente en materia laboral, en el cual el servidor puede amparase.

Sin embargo, también es cierto que la naturaleza de este régimen era de carácter transitorio, por lo que actualmente viene disponiéndose, aunque lentamente, la migración progresiva hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil. Y es justamente ahí donde los legisladores deben apuntar, a fortalecer la implementación de la Ley Servir, basada en la meritocracia para un mejor servicio del Estado hacia los peruanos. La eliminación del CAS, tal como se encuentra planteada, acarrearía más ineficiencias en la ya complicada administración pública.

Asimismo, se debería apuntar a reducir la informalidad laboral en el Estado (12% en promedio, según Servir). Hoy cerca de la mitad de los funcionarios CAS pertenecen al Gobierno nacional; no obstante, se observan niveles altos de informalidad en los Gobiernos locales (26%), donde los trabajadores CAS son solo un cuarto de la planilla.

A la luz de lo anterior, queda claro que las estrategias y acciones deben replantearse.



[1] Proyecto de Ley N.º 2580/2017-CR.

[2] Proyecto de Ley N.º 1888/2017-CR.

[3] Diplomáticos, docentes universitarios, profesionales de la salud, profesores de educación escolar, fuerzas armadas y policiales, servidores penitenciarios y del Ministerio Público, y los integrantes de la carrera judicial.

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