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¿EL IMPUESTO A LA RIQUEZA ES REALMENTE UNA MEDIDA QUE IMPULSE LA REDISTRIBUCIÓN?

Por ComexPeru / Publicado en Septiembre 30, 2022 / Semanario 1138 - Economía

El pasado jueves 14 de septiembre, la congresista Kelly Portalatino, del partido político Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley N.° 3060/2022-CR, denominado: “Ley que crea el impuesto a la fortuna con justicia social”. Esta propuesta de ley tiene como finalidad crear un impuesto a las grandes fortunas de aquellas personas naturales que tengan un patrimonio mayor a 3,500 UITS, de manera que el Estado pueda recaudar más ingresos para cerrar las brechas sociales. 

La exposición de motivos del proyecto sustenta que el problema del país radica en la recaudación tributaria. En ese sentido, si bien es cierto que la pandemia frenó tanto el consumo como la producción en grandes cantidades, lo que provocó caídas en la recaudación tanto en 2021 como en lo que va del presente año, se ha evidenciado una recuperación de la actividad económica y, por ende, en la recaudación. Por ello, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través sus notas informativas, viene anunciando su rápido crecimiento. La recaudación por impuesto a la renta (IR) aumentó un 10.3% interanual en agosto, mientras que la del impuesto general a las ventas (IGV) obtuvo creció un 17.8% en el mismo período de análisis. Así, podemos observar que hemos tenido una recuperación de la recaudación tributaria que le permite al Estado contar con ingresos similares, e incluso mayores, al periodo previo a la pandemia.


Por otro lado, en ediciones pasadas hemos comentado el mal uso de los recursos públicos (ver semanarios 1136, 1135 y 1090) y cómo es que el problema de nuestro país radica en la baja ejecución presupuestal, no en la falta de presupuesto. En los últimos cinco años, se ha dejado de gastar, en promedio, el 30% del presupuesto para inversión pública, es decir, dinero destinado para proyectos de construcción de infraestructura social, los cuales demandan mayores capacidades de gestión pública. Como consecuencia, el Estado deja un saldo de alrededor de S/ 17,000 millones sin ejecutar anualmente.

Además del ineficiente uso de los recursos, se suma la desviación de estos por problemas de corrupción en las distintas entidades públicas y la responsabilidad absoluta recae en las autoridades a cargo. Según cifras de la Contraloría General de la República, en 2021, el Perú perdió S/ 24,262 millones por actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública. Esta cifra representa un 14% del gasto público.

Algo que suma a la discusión y es importante mencionar es lo que sucede con la asignación de recursos a nivel subnacional. Solo en 2021, los Gobiernos regionales y locales concentraron seis de cada 10 soles para inversión pública. Se debe mejorar el sistema de transferencias entre los niveles de gobierno de manera que el presupuesto llegue a las comunidades menos favorecidas. Sin embargo, reiteramos, de nada servirá esto si no se cuenta con gestores capacitados para atender las necesidades de la población, o un Ejecutivo activo que transfiera capacidades al interior del país.

CONTEXTO INTERNACIONAL

El éxito de cualquier política pública depende, en cierta manera, de cuán bien fundamentada en evidencia está la medida. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), tras la aplicación de políticas similares en 11 países pertenecientes a la entidad, la recaudación respecto del PBI no logró superar el 1% del total. Es importante resaltar que este impuesto requiere una mayor fiscalización e información para su eficiente recaudación, lo cual implica un aumento de costos administrativos y de eficiencia. Esta fue una de las razones por las cuales el número de países de la OCDE que aplican un impuesto a la riqueza pasó de 13 a tres entre los años 1990 y 2017.

En cuanto a los países de la región, tenemos los casos de Colombia (tasa impositiva que oscila entre el 0.35%, a partir de US$ 662,000, y el 1.5%, a partir de US$ 1,655,220) y Ecuador (tasa impositiva extraordinaria en 2016 del 0.9%, a partir de US$ 1,000,000). El impuesto en mención tan solo ha recaudado el equivalente a 0.59% y 0.21% del PBI anual, respectivamente.

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias ha realizado un análisis y elaborado diversas simulaciones que permiten cuantificar el impacto de la medida redistributiva para algunos países de América Latina. La simulación realizada muestra que, con una tasa impositiva del 0.9%, se logra recaudar tan solo un 0.24% del PBI a través del impuesto y que este no posee mayor poder redistributivo; mientras que en el modelo que usa una tasa del 1.4% se logra una recaudación de 0.37% del PBI; no obstante, se reflejan bajos niveles de efectividad.

En un contexto nacional de recuperación y necesidad del aumento de la inversión, un impuesto de esta naturaleza solo ahuyentaría el uso de capitales y la generación de ingresos. Sin la inversión necesaria, se obtendrían menos puestos de trabajo, lo cual implicaría menores ingresos y afectaría la economía de muchas familias peruanas. Si bien el país necesita un aumento de la recaudación, esto se puede lograr a través de alternativas más adecuadas, como disminuir la evasión y elusión tributaria; reducir las exoneraciones tributarias y, por último, implementar políticas de incremento de productividad y formalización de empresas que operan de espaldas a la ley.

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