Setiembre inició con más de 650,000 casos confirmados de COVID-19 y 12,162 hospitalizados a nivel nacional, según cifras del Ministerio de Salud. Al ser el quinto país con mayor número de contagios, la crisis sanitaria ha evidenciado, aún más, las deficiencias en la gestión pública. Antes de la pandemia, ya se enfrentaba una inadecuada gestión de los residuos sólidos (ver Semanario 1019), pero actualmente la situación se ha agravado debido al aumento en el uso de equipos de protección personal, como mascarillas, guantes y gafas. Cabe mencionar que, según el Ministerio del Ambiente (Minam), cada persona infectada con COVID-19 generaría dos kilos de residuos sólidos biocontaminados. 

En materia de ejecución del presupuesto para la gestión de residuos sólidos, se evidencia que, desde 2015, a excepción de 2018, el porcentaje de ejecución de los Gobiernos locales ha ido decreciendo, y a la fecha no supera el 50%. Entre los departamentos con menor ejecución municipal, se encuentran Apurímac (32.9%), Ayacucho (33.7%), Huancavelica (37.2%), Junín (37.9%) y Tacna (38.1%). Por otro lado, los Gobiernos regionales, desde 2016, evidencian un aumento en el porcentaje de ejecución del presupuesto, que a la fecha alcanzaría el 77% de ejecución.

Dicho análisis es importante debido a que, de acuerdo con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la recolección, el transporte y la disposición final segura de los residuos sólidos comunes es responsabilidad de cada municipio, mientras que los Gobiernos regionales, a través de sus Direcciones Regionales de Salud, conforme a las normas técnicas, aseguran una eficiente clasificación, recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios. Así, evaluar la ejecución del presupuesto permite observar el desempeño de los Gobiernos subnacionales respecto de la gestión de los residuos. Es importante reconocer la importancia de una adecuada gestión de residuos sólidos desde los Gobiernos locales durante la crisis sanitaria, pues los desechos biocontaminados de una persona con COVID-19 pueden mezclarse con sus desechos comunes y generar así una cadena de contagios.

INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

La gestión de los residuos generados por establecimientos de salud es competencia de dichos establecimientos, los cuales pueden tener sus propias plantas de tratamiento o contratar a una empresa externa. Las modalidades para tratar los residuos biocontaminados que recomienda la Norma Técnica de Salud, elaborada por la Dirección General de Salud Ambiental, son la esterilización por autoclave, la incineración, la desinfección por microondas y la desinfección química. Estas garantizan seguridad antes de la disposición final de los residuos; sin embargo, el tratamiento actualmente es opcional.

Para el mes de marzo, la Defensoría del Pueblo indicó que solo tres hospitales de Lima Metropolitana, de los ocho visitados por el Minam, contaban con un sistema de tratamiento de residuos. Por otro lado, en agosto, el Minam reportó 232 empresas operadoras de residuos sólidos hospitalarios autorizadas a nivel nacional, de las cuales el 55% operaba dentro de Lima y Callao. Frente a esta situación, se necesita una mayor intervención a escala departamental. Invertir en infraestructura logrará prevenir un aumento de la cantidad de contagios y reducir la probabilidad de rebrotes.

Por otro lado, el último destino de los residuos hospitalarios es un relleno de seguridad o rellenos mixtos que posean celdas de seguridad. En el país, según la Defensoría del Pueblo, se cuenta con seis rellenos de seguridad y seis rellenos sanitarios mixtos que brindan el servicio, principalmente, a los departamentos de Lima, La Libertad, Loreto, San Martín, Ica y Piura. Por lo tanto, existen 19 regiones que no cuentan con infraestructura para una disposición final, lo que promueve el uso de botaderos que repercuten negativamente en la salud de la población y representan una brecha de infraestructura pendiente.

La gestión deficiente y la falta de infraestructura para el tratamiento de los residuos agudizan los problemas de la crisis sanitaria. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de la Emergencia Nacional hasta junio, los departamentos con el mayor número de intervenciones relacionadas con la gestión de residuos sólidos municipales y residuos generados en establecimientos de salud han sido Lima (48), Callao (20), Junín (13), La Libertad (12), Áncash (10) y Puno (10), los que se encuentran entre los diez primeros con mayor cantidad de confirmados con COVID-19, a excepción de Junín y Puno. Ante ello, la ineficiente gestión de residuos sólidos debe ser materia de discusión y priorización, con estrategias que promuevan la disposición final segura de los residuos biocontaminados.

Es necesario promover campañas de educación pública para la administración adecuada de los equipos de protección, así como, dentro del hogar, la segregación y señalización de residuos biocontaminados y comunes. Finalmente, se debe impulsar el desarrollo de infraestructura para el tratamiento y la disposición final de residuos hospitalarios; así se garantizarán condiciones de seguridad y salud a la población.