A pocas semanas de terminar el año, el Congreso cuenta con diversos proyectos de ley que impactan en el ecosistema digital peruano. Se deben priorizar aquellos que promueven el desarrollo y la formalización, frente a aquellos que limitan los avances en la innovación, la transformación digital y las capacidades digitales de la ciudadanía. 

Existen proyectos como el 12926/2025-CR (presentado por el congresista José Cueto, del partido Honor y Democracia) que busca crear una nueva entidad pública: la Superintendencia Nacional de Transformación y Seguridad Digital. Dicha entidad concentraría las funciones de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Según su exposición de motivos, existiría una fragmentación institucional, así como un déficit en la conectividad, entre otras problemáticas. Sin embargo, no se ha considerado que, de concentrar a las entidades antes mencionadas, esta superintendencia tendría funciones dispersas y heterogéneas, como la formulación de políticas públicas de transformación digital, la fiscalización del cumplimiento de normas de datos personales, la atención a reclamos de transparencia y acceso a la información pública, y la ejecución de proyectos de conectividad. Todas estas tareas merecen ser abordadas por entidades con conocimiento técnico especializado y no por una única entidad (como la propuesta en el referido proyecto de ley). 

Por el contrario, si lo que se busca es fortalecer el alcance de estas entidades, lo que se debe promover es la autonomía técnica de órganos, por ejemplo, la SGTD, dotándola de mayor presupuesto, que deje de ser un órgano dependiente de PCM, y promover su capacidad de articular con diversas entidades públicas y privadas. 

Otro proyecto de ley que limita las capacidades tecnológicas de la ciudadanía es el 10880/2024-CR (presentado por el congresista Edward Málaga, no agrupado), actualmente con dictamen aprobado por la Comisión de la Mujer y Familia. Dicho texto propone diversas restricciones de acceso a herramientas digitales a niños, niñas y adolescentes. 

La protección y tutela de la seguridad y salud de los niños, niñas y adolescentes es fundamental en todo entorno. Sin embargo, toda medida debe ser propuesta considerando las capacidades digitales. Por ejemplo, en un informe elaborado por Unicef, se recomienda que, para garantizar entornos digitales seguros, se prioricen la alfabetización digital y el fortalecimiento de la salud mental y emocional, antes que las prohibiciones que pueden afectar el desarrollo de las habilidades digitales de los niños, niñas y adolescentes; o promover actuaciones como la instalación de herramientas tecnológicas con la finalidad de acceder a redes sociales. 

Se deben impulsar proyectos que promuevan el desarrollo de nuevos servicios

Por contrapartida, existen proyectos de ley que, sin regular estrictamente el ecosistema digital, promueven la prestación de servicios que se pueden impulsar por medio de plataformas digitales. 

Este es el caso del Proyecto de Ley 09084/2024-CR (presentado por Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular), que propone regular la actividad de alquiler turístico temporario. Esta iniciativa (actualmente pendiente de ser debatida en el Pleno del parlamento) promueve la creación de un registro digital de fácil acceso para quienes cuentan con inmuebles y los destinan a arrendamientos de corta estancia (servicio que, a su vez, se promueve a través de plataformas digitales). 

Además, este proyecto garantiza seguridad jurídica tanto para quienes ofrecen este servicio como para los consumidores, pues diferencia cuándo se está ante un alquiler turístico temporario frente al alquiler de larga estancia (regulado por el Código Civil) o frente a la actividad de hospedaje (regulado por el Decreto Supremo 001-2015-MINCETUR, y que cuenta con diferencias como la existencia de personal que atiende al huésped). De esta forma, se promueve también la formalización de pequeños emprendedores y la inversión económica en este rubro, empleado por viajeros nacionales y extranjeros. 

Estos son ejemplos de iniciativas que deben promoverse desde el Congreso, de modo que pueden aprovecharse las capacidades digitales para promover la formalización y la seguridad jurídica de los consumidores. Está en manos del parlamento impulsar propuestas técnicas que no limiten la conectividad ni afecten la gobernanza del ecosistema digital peruano.