El crecimiento poblacional urbano incrementa la presión sobre la demanda de agua y requiere sistemas más resilientes y sostenibles, de acuerdo con ONU-Agua. En el Perú, aunque el desarrollo urbano se concentra en las ciudades costeras debido a su cercanía a puertos, aeropuertos y centros logísticos, aún persiste una brecha en la provisión de agua y saneamiento. Estas limitaciones se asocian con mayores tasas de mortalidad infantil, enfermedades prevenibles y retraso en el crecimiento. 

En 2024, el 91.6% de los hogares en zonas urbanas accedió al agua potable, frente al 76.1% en zona rural; mientras que el saneamiento alcanzó al 86.3% de los hogares urbanos, pero solo al 49.2% de los rurales, según estimaciones hechas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, en el ámbito urbano se observa una ligera reducción en los últimos años influida, en parte, por el crecimiento poblacional de las ciudades. Asegurar una gestión integral de proyectos para el acceso a agua y saneamiento, que acompañe el crecimiento urbano, resulta importante para garantizar servicios sostenibles, reducir vulnerabilidades y mejorar la calidad de vida de la población.  

Una alternativa son los proyectos que incorporan inversión privada, ya que permiten desarrollar infraestructura que demanda especialización técnica, una adecuada gestión de riesgos y un mantenimiento a largo plazo. Actualmente, existen 20 iniciativas de asociación público-privada (APP) registradas en ProInversión —en proceso de transacción (3), estructuración (5) y formulación (12)— que buscan incluir sistemas de agua y alcantarillado en diversos departamentos del país. 

En Lima, el proyecto de Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable representa una intervención para reforzar la seguridad hídrica de la capital. Se trata de una iniciativa estatal autofinanciada, donde la primera fase contempla una inversión estimada de US$ 480 millones y beneficiaría a cerca de 1.5 millones de habitantes de distritos como Pachacámac, Ate, Santa Anita y La Molina. En total, el proyecto considera un monto de US$ 696 millones y un plazo de concesión de 30 años, con buena pro estimada para el primer trimestre de 2026. El proceso —iniciado en 2014 y reevaluado debido a estudios insuficientes— vuelve a enfrentar prórrogas en su licitación, pues los interesados pidieron más tiempo para presentar sus credenciales de precalificación y revisar las bases. 

En Cajamarca —donde el 82.5% de hogares tuvo acceso a saneamiento en 2024, de acuerdo con la Enaho— el tratamiento de aguas residuales continúa siendo un desafío para la sostenibilidad del servicio en la quinta región más poblada del país. El proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, desarrollado bajo iniciativa privada cofinanciada, contempla el sistema principal de recolección de aguas residuales de la ciudad, así como la infraestructura requerida para tratar y disponer un caudal promedio de 0.6 m³/s. Con un monto de inversión de US$ 283 millones y un plazo de concesión de 26 años, esta intervención inició su proceso de transacción en octubre. 

Madre de Dios enfrenta una de las brechas más críticas del país: solo el 54.6% de los hogares contó con acceso a saneamiento en 2024, el tercer peor resultado a nivel nacional, según la Enaho. El proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Puerto Maldonado es una intervención crucial para atender esto. La iniciativa contempla los sistemas para las aguas residuales municipales, e incluye la construcción de una planta de tratamiento. El proyecto, con un monto de inversión de US$ 150 millones y un plazo de concesión de 24 años, permitirá tratar el 100% de las aguas residuales de las zonas urbanas. Su proceso registra avances: la versión final del contrato fue publicada en octubre y está prevista la presentación de los sobres técnicos y económicos para diciembre. 

Además, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encarga del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el cual registra avances en distintas regiones. En Tacna, se inauguró la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana, que ampliará la capacidad de producción y mejorará la continuidad del servicio. En Juliaca, se adjudicó la etapa II del proyecto de agua potable y alcantarillado, una intervención clave para la penúltima ciudad con mayores brechas del país (66.5% con acceso a agua). Asimismo, en Huancavelica se firmó la adenda para elaborar el estudio de un megaproyecto de agua y saneamiento. 

Para avanzar en el cierre de brechas es clave enfocarse en cuatro puntos: usar el recurso hídrico con mayor eficiencia, ampliar y modernizar la infraestructura, impulsar nuevos proyectos y fortalecer la gobernanza del agua. Esto permitirá mejorar la continuidad y calidad del servicio, y asegurar que la inversión acompañe el crecimiento urbano. Aunque las APP y el PNSU muestran avances, la rapidez en la adjudicación y ejecución representa todavía un reto.