Los recientes cambios de ministros son una muestra más de que no hay interés por convocar a profesionales con experiencia y capacidades de gestión pública que puedan liderar políticas para enfrentar la difícil coyuntura y dar soluciones a los problemas que aquejan a la población.

Desde el inicio del Gobierno (o incluso antes) se ha evidenciado una clara estrategia de destrucción de la tecnocracia y la institucionalidad con la salida de funcionarios con experiencia y el copamiento de las instituciones públicas. Llegaron para servirse y no para servir al país.

En la cartera del interior ya van 5 ministros en 10 meses de gobierno, lo que hace imposible diseñar y ejecutar un plan de seguridad y orden interno. Llevamos más de 2 meses desde que se declaró Lima en emergencia y está claro que eso no ha servido de nada. La inseguridad ciudadana tiene un enorme costo económico y social para todos.

Frente a una posible crisis alimentaria por el aumento de los precios internacionales de insumos como maíz, trigo y fertilizantes, y por ende del costo de la canasta básica de alimentos, en lugar de nombrar a un experto en temas del agro con capacidades de gestión para enfrentar esta coyuntura, se designa a alguien sin experiencia alguna en el sector. Responsabilizan a los factores externos, pero a la interna la incapacidad para dar soluciones solo traerá hambre y pobreza.

A ello se suma que otros ministerios como el Midis, Mincetur y Produce, que deberían estar trabajando de manera articulada para atender la difícil situación de las familias más vulnerables, así como de la pequeña agricultura, están dedicados al populismo y una campaña política pro-Asamblea Constituyente. Solo se está engañando a la población.

El Ministerio de Energía y Minas fue tomado por el partido de gobierno, sacaron a funcionarios capacitados y hoy está a la deriva. La nueva ministra debería empezar por atraer equipos técnicos y aprovechar la gran oportunidad de inversión y empleo que tenemos al frente con los altos precios de los minerales. Se requiere, además, un manejo responsable de la conflictividad social, lo que hoy claramente no existe.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es otra institución donde el copamiento de cargos públicos nos está pasando factura, y parece que seguiremos igual. Con proyectos de infraestructura paralizados, perdemos competitividad y posibilidades de creación de empleo.

El presidente anunció que vendrían cambios. En Trabajo, la censura a la ministra se caía de madura y es un llamado de atención. Urge un cambio de rumbo para dejar de petardear el empleo formal con normas como la tercerización y el código de trabajo, y generar más bien condiciones para la creación de puestos de trabajo y la reducción de la informalidad. Se necesita crear trabajo, la gente quiere “chamba” para poder llevar dinero a sus hogares frente al encarecimiento del costo de vida. Hoy esa no es una prioridad del Gobierno.