La segunda vuelta en Bolivia llega en un momento crítico económica y socialmente hablando, con una inflación elevada y un panorama político fragmentado que pondrá a prueba la capacidad de gobernar, cooperar y reformar.

Bolivia atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), a julio de 2025, se registró una inflación acumulada del 16.9%, con un preocupante 20.5% en alimentos, lo que ha golpeado fuertemente el poder adquisitivo de los hogares. La escasez es visible incluso en productos básicos: el peso del pan subvencionado se redujo de 100 a 60 gramos, aproximadamente, símbolo del deterioro de las finanzas públicas y el colapso de los subsidios.

Esta vulnerabilidad se combina con un crecimiento económico bajo: el PBI apenas avanzó un 0.7% en 2024, según el INE. El agotamiento del modelo extractivo y el pronunciado déficit fiscal (ver semanario 1251) han conducido a un escenario donde el margen de maniobra es estrecho. Hoy, Bolivia se enfrenta a un dilema entre aplicar ajustes económicos, posiblemente con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), o arriesgarse a un mayor descontrol inflacionario y social.

En ese contexto, la nueva administración que surja de las elecciones de este año deberá enfrentar tres retos centrales. El primero es contener la inflación y recomponer las reservas internacionales. La falta de divisas ha generado colas en los surtidores de combustible y mercados paralelos de dólares, lo que mina la confianza en la moneda local. Sin una estrategia clara para recuperar solvencia externa, la inestabilidad financiera seguirá profundizándose.

El segundo desafío es reactivar el crecimiento y atraer inversión. Bolivia cuenta con un enorme potencial en litio, gas y energía renovable, pero la inestabilidad política y la falta de reglas claras para la inversión privada han frenado proyectos de gran escala. Será indispensable generar un marco regulatorio transparente que incentive capitales privados.

El tercer reto, quizás el más complejo, es restaurar la confianza institucional y asegurar la gobernabilidad. La crisis no es solo económica, sino también política. Tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el país llega a las elecciones con un 19.9% de votos nulos[1] en la primera vuelta, según el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, reflejo del desencanto ciudadano. Asimismo, la fragmentación parlamentaria prevista complicará la aprobación de reformas estructurales, lo que hace indispensable construir consensos amplios.

El 17 de agosto de 2025, Bolivia celebró elecciones generales en un clima marcado por la inflación, la escasez y la fractura del MAS. Ningún candidato obtuvo mayoría absoluta, lo que llevará al país a una segunda vuelta el 19 de octubre de 2025, la primera desde la Constitución de 2009. Los dos aspirantes que disputarán la presidencia representan apuestas distintas de futuro. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, senador y exalcalde de Tarija, promueve un discurso de “capitalismo para todos”, con énfasis en transparencia, reconciliación política y reformas moderadas. Su perfil busca captar a los votantes desencantados con los extremos ideológicos.

Jorge “Tuto” Quiroga, en cambio, expresidente entre 2001 y 2002, y candidato de la Alianza Libre, propone un programa de austeridad, privatización y acercamiento al Fondo Monetario Internacional. Con un estilo tecnocrático, representa la opción más promercado y reformista. En paralelo, el MAS se desplomó: con apenas el 3% de los votos para el parlamento, pasó de partido hegemónico a fuerza marginal. Su colapso deja un Congreso sin mayorías claras, lo que anticipa un escenario de negociaciones difíciles. Incluso si Paz o Quiroga ganan la presidencia, la capacidad de implementar reformas profundas dependerá de pactos legislativos.

La nueva conformación del Congreso boliviano, tras los primeros resultados, mostraría un cambio drástico: el Partido Demócrata Cristiano lideraría en ambas cámaras (senadores y diputados), seguido por Alianza Libre y Unidad como la segunda y tercera fuerza política, respectivamente. El MAS, que anteriormente dominaba el escenario político, ahora tendría solamente un escaño en la cámara de diputados y quedaría totalmente fuera del Senado.

La elección de octubre será decisiva no solo para Bolivia, sino también como lección para la región. El país enfrenta una tormenta económica que exige decisiones impopulares, pero necesarias para evitar un colapso mayor. La ciudadanía votará entre dos proyectos distintos: uno de reformas moderadas y otro de ajuste drástico. Sea cual sea el desenlace, la gobernabilidad será el factor determinante. Sin un parlamento que genere consensos y sin instituciones sólidas, cualquier plan económico corre el riesgo de diluirse. Para el Perú, mirar de cerca el caso boliviano resulta fundamental: la combinación de desequilibrios fiscales, caída de reservas e inestabilidad política puede convertirse en una advertencia temprana de lo que ocurre cuando no se actúa a tiempo.

[1] Resultado al 99.15% de actas escrutadas, según el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.