Regulación, Barreras burocráticas

Barreras burocráticas: ¿un filtro más para el sistema?

20/11/2026 | Por: ComexPerú / Semanario 1329 / Legal y Regulatorio
Barreras burocráticas: ¿un filtro más para el sistema?

Eliminar las barreras burocráticas es clave para destrabar la inversión y mejorar la competitividad. Un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo busca reforzar el sistema y plantea mejoras relevantes. Sin embargo, algunas de sus propuestas podrían burocratizar este mecanismo. 

El 8 de septiembre último, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó reingresar el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo para ampliar sus funciones en materia de eliminación de barreras burocráticas1. El reingreso implica tramitar nuevamente el proyecto, que originalmente se presentó en el Congreso anterior (con el número 11447/2024-DP). 

Entre los aspectos positivos de la propuesta, se plantea ampliar la definición de barrera burocrática para incluir expresamente cualquier intervención de las entidades públicas y los servicios prestados en exclusividad, supuestos que actualmente no se contemplan de manera expresa. 

Asimismo, se propone que la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas monitoree de oficio los proyectos de APP, los del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) y aquellos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC). Estas propuestas son importantes ya que, de acuerdo con la exposición de motivos, solo en 2023 las municipalidades provinciales impusieron 2,946 barreras ilegales o irracionales, con un costo de S/ 43.1 millones, en comparación con las 108 impuestas por los ministerios. 

En esa misma línea, el proyecto permite ampliar el alcance de las medidas cautelares para que pueda ordenar cualquier otra acción a las contempladas en la ley, con el propósito de revertir los efectos de una barrera burocrática o evitar que estos se produzcan en el futuro. 

No obstante, las principales críticas a la iniciativa se mantienen. La primera tiene que ver con las funciones de cada entidad. La iniciativa legislativa establece que los Gobiernos regionales y locales solo podrán demandar judicialmente las resoluciones del Indecopi si la Defensoría emite previamente un informe favorable sobre la procedencia de su pretensión. 

Sin embargo, la Defensoría no es una entidad especializada en eliminación de barreras burocráticas, por lo que se le asignaría un rol en una materia que, de acuerdo con la normativa vigente, le corresponde únicamente al Indecopi. 

La segunda observación está vinculada con la capacidad técnica. La evaluación de decidir si se cuestiona judicialmente una resolución del Indecopi o no requiere evaluar el impacto del pronunciamiento (así como de la barrera burocrática denunciada ante el Indecopi) en los ciudadanos. Esta información la tiene principalmente la autoridad subnacional, no la Defensoría. Además, este órgano no tiene una oficina especializada en estudios económicos que pueda hacer dicho análisis. 

En esa línea, tal como señalamos en el Semanario 1265, una alternativa era exigir a las entidades subnacionales los mismos requisitos que a las del Gobierno central para cuestionar las decisiones del Indecopi ante el Poder Judicial. Ello ya se ha previsto, pues la Ley 32587 establece que, para demandar judicialmente al Indecopi, los Gobiernos regionales y locales requieren la autorización formal, expresa e indelegable de su máxima autoridad. Además, se dispone que los procuradores deben informar al Consejo Regional o Concejo Municipal sobre cada proceso judicial contra las decisiones del Indecopi. 

De esta manera, la decisión permanece dentro de la propia entidad, que cuenta con los fundamentos técnicos de la resolución cuestionada. El proyecto, en cambio, busca reformular una disposición que ya fue modificada y añadir un filtro externo a un mecanismo de control vigente. 

En conclusión, el proyecto parte de objetivos necesarios: fortalecer la eliminación de barreras burocráticas, brindar mayor seguridad jurídica y destrabar la inversión. No obstante, incorpora mecanismos que trasladan a la Defensoría una función para la que no tiene competencias especializadas y establece un filtro adicional sobre una materia que ya cuenta con mecanismos de control regulados por ley. 

El camino para fortalecer el sistema no es incorporar más instancias de revisión, sino dotar de mayores capacidades a la entidad que ya tiene esa responsabilidad: el Indecopi. Esto exige reforzar sus órganos resolutivos con más profesionales especializados, asegurar un presupuesto acorde con sus nuevas funciones y evaluar su eventual constitución como organismo constitucional autónomo, a fin de garantizar su independencia y capacidad de actuación.


[1] Proposición Legislativa 00772-2026-2031-CD

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