La rotura de una tubería matriz en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) ocasionó un terrible aniego, con daños en unas 283 casas, más de 1,500 personas afectadas, serios riesgos de salud pública y un estado de emergencia ambiental por 45 días. Es gravísimo lo ocurrido, por eso nos solidarizamos y alzamos nuestra voz junto con las de cientos de personas afectadas en este pujante distrito. No podemos dejar pasar este hecho tan a la ligera. Como ciudadanos, debemos exigir que esto nunca más se repita y se tomen acciones con firmeza de cara a tener de una vez por todas un Estado que esté al servicio del ciudadano.

Ha quedado en evidencia que Sedapal no es una institución que provea servicios de calidad y ello se da porque las empresas estatales no tienen ningún incentivo para ser eficientes. Ya se había alertado que se tenía una bomba de tiempo, pero no se hizo absolutamente nada, porque Sedapal no cuenta con un plan de prevención, alertas con acciones rápidas ni recursos para realizar el mantenimiento de las redes de alcantarillado de la ciudad. Sedapal no tiene un mapeo o inventario de los puntos críticos del sistema ni un plan de acción para evitar este tipo de emergencias. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir como ciudadanos de “quinta categoría”, como lo dijo el alcalde de SJL, a merced de una empresa estatal ineficiente que provee el recurso más importante para vivir?

Seguramente volverá a la mesa el debate de la privatización de Sedapal. Lo cierto es que esta institución tiene un grave problema de “atoro” en la gestión que debe resolverse en favor del ciudadano con medidas urgentes. La institución cuenta con un exiguo presupuesto para inversiones por su poca eficiencia en gestión de recursos y maneja un terrible plan tarifario. ¡Los más pobres, los que no están conectados a la red, pagan hasta ¡10 veces más por el recurso!

¿Quién es el afectado por el mal servicio? El ciudadano. ¿Quién paga el mal manejo de la institución? Nosotros mismos con nuestros impuestos. Pagamos doble, porque es una empresa del Estado. Totalmente inaceptable. Seamos serios y analicemos soluciones que pasan por la privatización, por un esquema de asociación público-privada (APP), pero, sobre todo, que tenga como mínimo un plan financiero y de gestión, así como una adecuada supervisión. Además, una mejora de la gobernanza, directorio plural y medidas transparentes para la lucha contra la corrupción al interior de la institución. Se requieren acciones concretas para encontrar una solución y ahora se tiene el momentum para hacer las reformas necesarias.

Dos de las principales empresas estatales que aún sobreviven son Petroperú y Sedapal. No tengo que explicar lo pobre de su gestión, sus limitantes, la poca eficiencia y las inexplicables (refinería de Talara) o nulas inversiones (en el caso de Sedapal, no cumple con su propio plan de inversiones). Pasar a manos privadas, alineando incentivos y generando una sólida supervisión, traería una innegable mejora en el servicio, competencia y mejor cobertura, con el ciudadano como el gran ganador. Los servicios de electricidad y telefonía son un claro ejemplo de esto.

Abordemos esta problemática con sentido de urgencia. No permitamos que más tuberías colapsen. Ya bastante tenemos con los atoros en infraestructura que tienen paralizados los proyectos por falta de decisión política, por funcionarios que no toman decisiones, por una burocracia que en cualquier momento revienta, generando más aniegos incontrolables. Pongámonos a trabajar. ¡La infraestructura de calidad debe ser una prioridad!