Está en manos del Congreso la derogatoria del D. S. 001-2022-TR, que restringe la tercerización laboral. Dicha norma, aprobada por este Gobierno, es un atentado contra la empresa y el empleo formal, pues agravaría la informalidad y la precarización laboral.

La tercerización es un mecanismo legal, validado por el Tribunal Constitucional, que permite contratar a una empresa para desarrollar ciertas actividades especializadas en las instalaciones de la empresa usuaria.

Ello permite generar eficiencias y dinamismo en la actividad productiva. El uso de la tercerización es transversal a la economía y más del 90% de las empresas de sectores como el minero, las manufacturas, los servicios, la construcción, el comercio, la pesca y otros lo utilizan.

Algunos ejemplos de servicios de tercerización son los siguientes: activaciones y canales de ventas en el sector retail, mantenimiento de maquinarias, servicios de explosivos para construcción o minería, servicios de exploración minera y muchos otros en diversos sectores.

La norma aprobada por el Ejecutivo prohíbe la tercerización de actividades que forman parte del núcleo del negocio. Este último es un concepto nuevo, ambiguo y arbitrario, que no se encuentra contemplado en la ley, con lo que contraviene el principio de legalidad y configura una barrera burocrática. Además, la norma contraviene los derechos de libertad de empresa y contratación previstos en la Constitución.

El impacto de la norma sería nefasto, sobre todo en un contexto de estancamiento de la inversión privada, con una confianza empresarial deprimida, alta inflación, informalidad y un mercado laboral debilitado. Miles de trabajadores perderían sus empleos, ya que las empresas no podrán absorber esos costos adicionales y solo una pequeña parte de ellos podrían ser incorporados. Además, muchas empresas tercerizadoras cerrarían o pasarían a la informalidad. En Ecuador con una norma similar, el 80% de los trabajadores tercerizados quedaron desempleados. Igual en Bolivia.

Adicionalmente, en un contexto de inflación, se encarecerían aún más los precios de los servicios públicos como la luz, el gas y el agua, ya que las empresas que los proveen tercerizan servicios para ser más eficientes. Con la norma aprobada por el Gobierno, ya no podrán hacerlo y tendrán que asumir costos adicionales que serán traslados al precio final.

Este Gobierno solo genera destrucción para que los ciudadanos tengan que vivir del Estado y sus bonos. No se puede seguir engañando al pueblo con normas populistas que solo afectarán el trabajo y seguirán golpeando sus bolsillos. Está en manos del Congreso su derogación.