Un problema público se define como una situación propia de las personas o su entorno, que representa una necesidad colectiva, una carencia o una insatisfacción identificables directamente o a través de elementos que la exteriorizan, y para las cuales se busca una solución (Jones, 1970). 

Uno de los principales retos que tiene el Perú es el cierre de las brechas sociales y la provisión de servicios públicos de calidad. Si bien nos beneficiamos de 21 años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia, el mal proceso de descentralización es una de las principales causas, sino la más importante, que ha impedido que los recursos se traduzcan en mejores servicios públicos para la población. La descentralización ha fallado. 

Existen departamentos donde casi el 50% de su población es pobre multidimensionalmente, es decir, carece de al menos un servicio básico que le asegure una calidad de vida digna, de acuerdo con estimaciones de ComexPerú. Cajamarca, Huánuco, Puno y Ucayali son departamentos donde 1 de cada 2 pobladores no cuenta con acceso a servicios de salud o educación, o condiciones de vivienda mínimas. 

Diagnósticos sobre las urgencias de la población abundan. Y tal parece que, en las próximas elecciones generales, tendremos una cantidad inusual de “alternativas” para elegir a quienes próximamente intenten darles solución. En total, 28 partidos políticos inscritos y 19 en proceso de validación son los que registra el Jurado Nacional de Elecciones al cierre de la presente edición. Casi 50 grupos de personas interesadas en gobernar el país. 

¿Qué es lo que hace tan atractivo gobernar el Perú? ¿Una legítima voluntad por servir al país? ¿Ansias ciegas de poder? ¿Trascender en nuestra historia política? ¿Qué hay detrás? No dejemos de lado el peligro del “financiamiento ilícito”, del que dan cuenta organismos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Muchos pagos por corrupción se realizan antes de que el funcionario haya iniciado su periodo formal, por ejemplo, en el financiamiento de campañas. 

En 2024 y 2025, la economía peruana registraría crecimientos menores al 3%. Con esos resultados no bastaría para reactivar la economía. El Perú requiere un crecimiento superior al 4% para generar empleo de calidad y sostenible, más aún para absorber a la masa de jóvenes que año tras año se suman al mercado laboral. Tan solo en 2023 se registraron un millón de jóvenes entre 14 y 29 años que querían trabajar, pero no encontraron empleo por distintas limitaciones, según cifras de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional. 

Para abordar esta y otras limitaciones de nuestra economía, los 50 eventuales postulantes a la presidencia, con sus equipos, plantearían medidas de política. Habría que revisar casi 50 planes de gobierno y así identificar cuáles serían los más idóneos para atender las urgencias de la población. ¿Estarán a la altura? 

Políticos y analistas consideran que lo más saludable para los intereses del elector serían las “alianzas”. Pero ¿acaso en los últimos años, la mayoría de quienes han tomado las riendas de la administración pública en el Perú han pensado en su elector, en el bienestar de todos los peruanos? La campaña está a la vuelta de la esquina y tal parece que tendremos un amplio abanico de alternativas. Algunas buenas, algunas no tan buenas y otras, seguramente, desastrosas. 

*Publicado en Infobae el 07.06.2024