Los trámites de una empresa para realizar actividades de exploración mineras son excesivos y engorrosos. A pesar de los esfuerzos del Estado por sincerarlos y articularlos, estas acciones no tendrían efecto si no se agilizan aquellos que toman mayor tiempo. 

La etapa de exploración consiste en encontrar yacimientos y determinar sus características y la cantidad de mineral disponible, a fin de evaluar la factibilidad y rentabilidad de su explotación, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Este proceso es fundamental y debe ser llevado a cabo con rigurosidad. No obstante, de cada 100 proyectos de exploración, solo uno se convierte en una mina, de acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 

Lamentablemente, la obtención de la certificación ambiental, por ejemplo, limita la exploración, porque suele demorar años, a pesar de que debería tomar entre 30 y 90 días hábiles, según el Minem. Otros trámites que necesitan urgentemente una revisión son la autorización del terreno y de actividades, debido a la posibilidad que el proyecto se frene si las comunidades aledañas se oponen a este sin siquiera abrir la posibilidad a una negociación. 

Entre los requisitos más engorrosos destaca que, antes del inicio de la exploración, se reporte el alcance que tendrá el proyecto de inversión. Es decir, se debe reportar a las autoridades y las comunidades aledañas el impacto y los recursos que generaría la mina, a pesar de que no exista certeza sobre los yacimientos, sobre cuánto se va a producir o si esta misma se construirá. 

Por si fuera poco, varios de estos procesos acaban siendo redundantes. Cuando se quiere dar el paso a realizar actividades de explotación, un agente está obligado a presentar nuevamente un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) y una autorización del terreno. 

Como consecuencia, 49 de 55 proyectos que salieron de la Cartera de proyectos de Exploración Minera (CPEM), entre febrero de 2022 y 2024, lo hicieron por motivos ajenos a la actividad minera. Por un lado, 43 proyectos valorizados en US$ 195 millones fueron descartados al no cumplir con el ingreso de la solicitud de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)[1], a causa de los cambios en la regulación en los años 2022 y 2023. Por otro lado, seis proyectos valorizados en US$ 112 millones se cancelaron directamente por la tramitomanía del Estado. 

Asimismo, hubo proyectos que, si bien no salieron de la cartera, tuvieron variaciones en su stock de inversión. En total fueron 22 proyectos que acumularon una caída en su inversión por US$ 176 millones, según el Minem. 

Por otro lado, son 16 los proyectos que quedaron congelados en el tiempo y que figuran tanto en la CPEM de 2022 como en la de 2024. Algunos de estos siguen sin siquiera obtener la autorización para iniciar las actividades de exploración luego de 2 años. Algunos ejemplos incluyen el caso de Las Defensas, valorizado en US$ 69 millones, que se ubica en el departamento de La Libertad, o La Zanja, valorizado en US$ 10 millones y ubicado en Cajamarca, el cual va por la décima modificación de su IGA. 

En el periodo 2022-2024, apenas cinco proyectos concluyeron las actividades de exploración satisfactoriamente, y entre ellos el proyecto Romina 2 logró ingresar a la Cartera de Proyectos de Inversión. Finalmente, cabe decir que también se incorporaron a la cartera 67 proyectos de exploración nuevos, los cuales podrían verse en riesgo si no se aseguran condiciones favorables para ellos. 

De seguir así, el Perú perderá aún más competitividad frente a otros países. De acuerdo con la última edición de la Encuesta de Compañías Mineras, (elaborado por el instituto Fraser, de Canadá) el Perú cayó del puesto 34 en 2022 al 59 en 2023 en el índice de atractivo a la inversión. Otros pilares donde tuvo un peor desempeño fueron en el Índice de percepción de política (cayó 12 puestos) y en el Índice de potencial mineral de mejores prácticas (cayó 25 puestos). 

¿Qué se está haciendo para remediar esto? Actualmente, el Ejecutivo se encuentra desarrollando la Ventanilla Única Digital Informativa del sector minería (VUD minera). Esta concentraría en un solo espacio todos los trámites relacionados con la actividad minera en sus distintas etapas. Además, integrará a nueve entidades públicas vinculadas con los trámites de minería, como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), el Ministerio de Cultura, entre otras. Así, se generaría transparencia en los procesos y predictibilidad en los tiempos de gestión. Según el viceministro de Minas, Henry Luna, la reducción de plazos de 2 años a aproximadamente 6 meses se concretaría para 2025. 

Igualmente, vendría bien que el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI), del Ministerio de Economía y Finanzas, que actualmente viene trabajando en la identificación de problemas y trabas que afectan la ejecución de proyectos, ponga punche en sectores clave como las industrias extractivas, particularmente la minería. 

Y, qué duda cabe, el trabajo conjunto público-privado para una identificación acelerada de los entrampamientos en los procesos para la ejecución de proyectos mineros sería de mucha ayuda. Todos los actores debemos poner el hombro para darle un mayor impulso a la minería.

[1] Según la magnitud del proyecto, se deberán presentar diferentes estudios: una Ficha Técnica Ambiental (FTA), una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) si el proyecto requiere al menos una o si excede las 20 y 40 plataformas de perforación, respectivamente.