En las últimas semanas, el Ejecutivo anunció la posibilidad de aumentar la remuneración mínima (RM), coloquialmente conocida como salario mínimo, durante el presente año. El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que dicho aumento sería factible gracias a la reactivación de la economía. A su vez, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sostuvo que el sueldo mínimo podría elevarse a S/ 900 si durante el año se alcanza un crecimiento del 4.8% y si la tasa de inflación se mantiene alrededor del 3%. Por su parte, Alfonso Grados, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, indicó que a mediados de 2017 se revaluaría el incremento de la RM en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

En la última década, la RM ha sido elevada en diversas ocasiones. En 2007, el salario mínimo se ubicaba en S/ 500 y fue aumentando gradualmente hasta alcanzar los S/ 750 en 2012. Poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, el expresidente Ollanta Humala decretó unilateralmente un aumento del sueldo mínimo, de S/ 750 a S/ 850, adelantándose así a muchas promesas de campaña de elevar la remuneración mínima. Es decir, con ese último incremento, la RM aumentó un 70% en los últimos diez años.

Factores a considerar

Si bien un aumento del salario mínimo puede ser favorable desde un punto de vista político, no necesariamente tendría el impacto deseado en el plano económico, por lo que debería ser evaluado de acuerdo con distintos criterios.

Una primera consideración es el nivel de informalidad en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 7.5 millones de trabajadores -lo que equivale a un 73% de la fuerza laboral- son informales. Dicha cifra se eleva aún más al considerar las pequeñas y medianas empresas (Pyme), que representan más del 90% de las empresas en el país, o al enfocarse en sectores como el agropecuario y el pesquero. Entonces, toda medida de política pública en materia laboral, como un aumento del salario mínimo, tan solo beneficiaría a aquellos trabajadores que laboran en el mercado formal y que logren mantener sus puestos de trabajo tras dicho aumento, es decir, un porcentaje minoritario de la población. Cabe resaltar que, dada la rigidez laboral en nuestro país (ver Semanario N.° 828), el aumento de los costos que supone esta medida desincentivaría la formalización, sobre todo para las Pyme.

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta la productividad de los trabajadores, la cual está asociada a factores como innovación, educación, infraestructura y eficiencia. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en 2016, si bien el crecimiento de la productividad laboral en el país ha sido uno de los más altos en la región durante la última década, en los últimos años se ha ubicado alrededor del 2%. La baja productividad se percibe sobre todo en el sector informal: según cifras del INEI, si bien esta informalidad representa tres cuartos del trabajo total disponible, su producción representa menos de la quinta parte del PBI. Así, un aumento del salario mínimo no respaldado por un incremento en la productividad generaría desempleo, ya que expulsaría de la fuerza laboral a los trabajadores menos productivos, aquellos “muy costosos” para las empresas.

En tercer lugar, es necesario considerar el nivel inflacionario de la economía, dado que este disminuye la capacidad adquisitiva de los salarios y, por ende, el nivel de bienestar de los trabajadores en períodos de elevada inflación. En los últimos tres años, la tasa de inflación se ubicó por encima del rango meta del BCRP del 3%, y se pronostica una cifra similar para 2017, lo que podría representar un argumento para sustentar un pequeño incremento del salario mínimo, aunque consideramos que no sería suficiente para contrarrestar la relevancia que alcanza el nivel de informalidad de nuestra economía en las decisiones de políticas públicas en materia laboral.

Adicionalmente, debemos ser conscientes de que, actualmente, el salario mínimo oficial no es equivalente al que perciben los trabajadores, dado que en el régimen laboral general el empleador debe cubrir 15 RM al año, incluyendo dos gratificaciones y una compensación por tiempo de servicios. Así, a la fecha, la remuneración mínima anual ascendería a S/ 12,750, equivalentes a S/ 1,062.50 efectivos al mes y no a S/ 850, como generalmente se considera. Incrementar el salario mínimo, por ejemplo, a S/ 900, en realidad significaría elevarlo a S/. 1,125 al mes, por lo que los incrementos en la productividad y la inflación, en un buen análisis, deberían justificar dicha cifra.

Las recientes declaraciones de los miembros del Ejecutivo sobre un posible aumento del salario mínimo son acertadas, pero respecto a que el mismo debe estar condicionado y ser proporcional a la productividad laboral, la inflación y el crecimiento económico del país. Adicionalmente, es crucial establecer un diálogo con los diversos actores a quienes concierne dicha política, para llegar a una decisión consensuada, como se pretende lograr a través del CNT, por más que algunos sindicatos de trabajadores hayan decidido no participar temporalmente de esta instancia.

Si lo que se quiere es enfrentar decididamente la informalidad e impulsar la productividad y la competitividad del país, se deben priorizar las políticas de inversión en tecnología y en educación de calidad, así como disminuir los costos de formalización para las empresas.