Un despropósito fiscal que debilitaría al Estado

Hace unos días participé en unos eventos en Cusco donde pude conversar con estudiantes universitarios sobre la importancia de las libertades económicas, el rol clave que cumple la inversión privada como motor de la economía y la responsabilidad que tienen las autoridades de todo nivel de Gobierno de invertir los tributos recaudados en mejores servicios públicos para la ciudadanía. 

Y en este contexto hablamos sobre las falencias que existían en la gran mayoría de Gobiernos locales para ejecutar eficientemente los recursos públicos. Por ello, el que el Congreso haya aprobado un proyecto de ley que propone reducir el IGV del 16% al 14%, al tiempo que eleva el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) del 2% al 4%, genera mucha preocupación por la seria amenaza que significaría para la sostenibilidad fiscal del país. 

Si bien se mantendría la misma carga impositiva para el consumidor, la consecuencia inmediata sería una drástica disminución de los ingresos del Gobierno nacional, justo en un contexto en el que urge consolidar las finanzas públicas. 

Aunque se pretenda justificar esta medida bajo la premisa de destinar más recursos a los Gobiernos locales para impulsar obras públicas, los hechos demuestran que los niveles de ejecución del gasto en esta instancia continúan siendo alarmantemente bajos. En 2024, por ejemplo, la ejecución promedio de inversión pública a nivel local apenas superó el 60%, lo que dejó miles de millones de soles sin utilizar, mientras las necesidades de infraestructura y servicios básicos siguen insatisfechas. 

Reducir la participación del Gobierno central en la recaudación del impuesto al consumo equivale a debilitar su capacidad para financiar sectores clave como salud, educación, seguridad y lucha contra la pobreza. No se trata solo de un problema de caja: se trata de la capacidad del Estado para cumplir con su función esencial de brindar servicios públicos de calidad en todo el país. 

Además, esta medida socava los avances que el Perú ha logrado durante años en términos de estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal. Justo cuando organismos multilaterales y calificadoras de riesgo advierten sobre el deterioro de nuestras cuentas fiscales, el Congreso opta por una reforma tributaria sin sustento técnico, sin una evaluación seria de impacto fiscal y sin considerar mecanismos eficaces de control y mejora de la gestión pública subnacional. 

En lugar de promover normas populistas que comprometen el futuro del país, el debate debería centrarse en cómo mejorar la eficiencia del gasto público, cerrar brechas de capacidad en los Gobiernos locales y fortalecer la recaudación sin afectar la competitividad ni la sostenibilidad del sistema fiscal. 

Instamos al Ejecutivo a observar esta norma y al Congreso a actuar con responsabilidad. El desarrollo del país requiere decisiones que miren más allá del aplauso fácil y que garanticen un Estado capaz de responder a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.