La burocracia enquistada en el sistema administrativo peruano representa un grave problema para el desarrollo y crecimiento del país, ya que, por ejemplo, genera que se paralicen e incluso suspendan grandes proyectos de inversión. En 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugirió, en su estudio Política Regulatoria en el Perú, que nuestro país debería emitir una política explícita de calidad regulatoria con objetivos claros y definidos. Las autoridades son conscientes de la sobrerregulación que aqueja a los ciudadanos y las empresas, y por ello se han venido dando esfuerzos por mejorar el sistema administrativo vigente, con la formulación de herramientas de mejora regulatoria, como el análisis de calidad regulatoria (ACR), el análisis de impacto regulatorio (AIR), la simplificación administrativa, entre otras, que se necesitan para ser un país eficiente y capaz de propiciar un ambiente adecuado para la inversión (ver Semanario 996).

Así, en 2016, se promulgó el Decreto Legislativo 1310, que incorporó el ACR como herramienta para evaluar los procedimientos administrativos (PA) a cargo del Poder Ejecutivo. Igualmente, en 2018, se promulgó el Decreto Legislativo 1448, con el objetivo de perfeccionar el marco institucional y los instrumentos que acompañan el proceso de mejora de calidad regulatoria.

En este contexto, según datos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre los resultados del ACR en el stock de los PA de entidades públicas del Poder Ejecutivo, muchos de ellos han sido eliminados y otros más simplificados, lo que sin duda constituye un buen primer paso de la reforma que el país necesita para contrarrestar la sobrerregulación existente en la administración pública. Como parte de este análisis, un total de 2,432 fichas provenientes de 62 entidades públicas pasaron por el proceso de evaluación del ACR y dieron como resultado lo siguiente: 1,439 PA ratificados (59%), 319 PA eliminados (13%) y 674 PA improcedentes (28%). De los PA declarados improcedentes, 259 corresponden a los dispuestos en normas con rango de ley y los referidos a servicios exclusivos, por lo que siguen vigentes; mientras que los 415 restantes serían eliminados. Por lo tanto, 734 PA fueron eliminados, lo que representa un 30% del total.

Esta eliminación impacta en aproximadamente 4 millones de solicitudes entre personas naturales, empresas, organizaciones sin fines de lucro y otros. De este total, la eliminación de 533 PA (73%) tendría un impacto directo en micro, pequeñas y medianas empresas; mientras que 509 PA (69%), en personas naturales[1]. La importancia de estos resultados radica en contar con una regulación libre de cargas innecesarias para los ciudadanos y las empresas. Finalmente, como resultado del ACR, se redujeron las cargas administrativas y los derechos de tramitación en aproximadamente S/ 286.3 millones, como resultado de la eliminación de procedimientos o la simplificación de requisitos, según la PCM.

Es importante mencionar que la mejora regulatoria también forma parte importante del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), como condición necesaria para desarrollar un ambiente de negocios productivo. Particularmente, el objetivo prioritario 6 del PNCP señala que se incorpora el uso de los instrumentos de calidad regulatoria y la simplificación administrativa para mejorar los PA de las entidades del Poder Ejecutivo, los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales.

Si bien la OCDE destaca la incorporación del ACR para mejorar el sistema de administración pública en nuestro país, señala que su alcance es limitado y se debería implementar el AIR, debido a que este último evalúa la normativa de forma integral.

En conclusión, el Gobierno ha asumido el compromiso de mejorar el marco regulatorio y, desde hace unos años, viene implementando medidas de mejora regulatoria. Los resultados de estos esfuerzos ya son visibles y muestra de ello es que 734 PA han sido eliminados. Si bien este es un primer paso, la reforma del marco regulatorio debe profundizarse y escalar aún más. La mejora de la calidad regulatoria no solo liberará a los ciudadanos y a las empresas de cargas innecesarias, sino que mejorará la productividad y competitividad, promoverá la inversión privada y estimulará el crecimiento económico.

[1] Un PA está dirigido a uno o más tipos de administrados, de acuerdo con la naturaleza del procedimiento.