En líneas generales, son prioridades del Estado la lucha contra la informalidad (que supera el 70%), la reducción de la pobreza (que llega al 21.7%), la generación de empleo formal y la mejora de las condiciones de vida de la población. En ese sentido, es fundamental fortalecer el rol estatal en la provisión de mejores servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. A esto se suma la necesidad de preservar la seguridad jurídica y un marco promotor de las inversiones, ya que estas son el verdadero motor de la economía y la generación de empleo. Todas las fuerzas políticas deben alinearse con estos objetivos, así como dejar de lado intereses particulares y poner siempre por delante al Perú.

En este contexto, el sector agrario viene siendo un catalizador de la generación de empleo, reducción de la pobreza y promoción de la formalidad, con lo que se suma a estos objetivos nacionales. El sector emplea al 26% de la PEA, es decir, a 4.3 millones de personas. Debemos recordar, además, que esta actividad se desarrolla en las zonas rurales (no en los centros urbanos), donde muchas veces el Estado no llega con los servicios de infraestructura, conectividad, salud o educación de calidad que la población requiere, lo que genera mayores costos y riesgos para estas inversiones. Claramente, no es lo mismo hacer empresa en centros urbanos que en zonas alejadas.

Debido a ello es que, muchas veces, la empresa privada termina ocupando ese rol proveedor de servicios básicos, como transporte, alimentación, salud, educación, seguridad, entre otros, a sus trabajadores. No es coincidencia que muchas de las empresas del sector hayan interiorizado como parte de sus políticas, en forma unilateral y voluntaria, la implementación de servicios médicos (tópicos y campañas de vacunación, por ejemplo), servicios educativos, actividades deportivas y recreacionales, centros de atención y cuidado de niños, apoyo en temas de seguridad ciudadana, comedores populares, entre muchas otras. Y a todo lo anterior se suman salarios muy por encima del salario mínimo y buenas condiciones laborales.

Así, el régimen especial de promoción agraria (Ley N.º 27360) tiene un fuerte impacto positivo en el país. Ha permitido que la formalidad pase del 16% al 25% en el periodo 2004-2017, y resaltando la costa, donde pasó del 25% al 44%. Además, la pobreza en el sector agrario y agroindustrial pasó del 81% al 38% en el mismo periodo. Incluso, en la costa pasó del 67% al 19%. Más aún, en 2017, cuando la pobreza nacional aumentó, la única región donde se redujo fue en la costa rural, donde predomina la agricultura, al pasar del 30% al 25%. Recordemos que el agrario es el sector con mayor capacitación a los trabajadores y en el que la productividad laboral ha crecido, en promedio, un 4.4% cada año. Incluso, se ha logrado reducir la brecha de género, al multiplicar por 8 la participación de las mujeres.

Por ello, este régimen especial agrario debe, sin lugar a dudas, ser renovado y extendido, como ha propuesto el Ejecutivo, a otros sectores, como el acuícola y el forestal, lo que permitiría seguir generando empleo, formalidad y más oportunidades para la población. Está demostrado que este marco legal ha hecho lo que es tan difícil lograr: generar formalidad, empleo e inversiones. ¿Por qué entonces hay quienes buscan que se retroceda y así quitarle la oportunidad de mejora de calidad de vida a miles que han visto en el sector una esperanza? ¿Por qué destruir lo que comprobadamente funciona? No podemos jugar con la esperanza de más de 800,000 empleos que ha generado el sector y otros 750,000 que se crearán en caso de extender el régimen. El Perú está primero.