De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana se contrajo un 0.58% durante el periodo enero-julio de 2023. Este resultado se sitúa lejos de la estimación de crecimiento para este año del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cual era del +0.9%, ya que fue recientemente ajustada. 

En lo que respecta al sector pesca, fue el más perjudicado en lo que va del año, con una contracción del 33.8%. Dicho resultado se explica por las condiciones climáticas desfavorables que afectaron la disponibilidad de recursos para la pesca marítima (-37.1%). Al respecto, la pesca para consumo industrial (-75.6%) fue la más afectada, producto de la menor disponibilidad de anchoveta que reportó una actividad reproductiva en el stock norte-centro, la cual continuó por debajo del patrón histórico. Debido a estos resultados, el BCRP estima que este sector reportará una contracción del 26.4% este año. 

El sector construcción se posicionó como el segundo más afectado, con una contracción del 8.9%. Este resultado es preocupante porque acumula 11 meses consecutivos de resultados negativos asociados con el menor consumo interno de cemento (-13% en enero-julio), debido a la menor inversión privada. Es importante resaltar que el sector continúa perdiendo dinamismo a pesar del aumento en el avance de las obras públicas, con un crecimiento del 49% en la inversión pública del Gobierno nacional y del 1.8% a nivel de Gobiernos regionales. Por su parte, los Gobiernos locales acumularon una contracción del 17.8% en estas inversiones, cifra asociada al menor desarrollo de construcción de edificios no residenciales, infraestructura vial, proyectos de servicios básicos y obras de prevención de riesgos. 

El sector financiero y de seguros fue el tercero más afectado, con una contracción del 8% en relación con el mismo periodo de 2022. Esto se explicó por la caída de créditos y depósitos en la banca múltiple (-16.6%), principalmente asociada a medianas empresas (-22.3%), microempresas (-19.6%) y grandes empresas (-18.3%). Los créditos de vivienda cayeron un 1.7% durante el periodo enero-julio. Estos resultados fueron compensados por el mayor dinamismo en los créditos de consumo, que aumentaron un 7.3%. 

Asimismo, el sector telecomunicaciones y servicios de información cayó un 7.26%. En telecomunicaciones (-8.1%), la contracción se debió a la disminución de servicios de telefonía y transmisión de datos. En otros servicios de información (-0.16%), la caída ocurrió principalmente por la disminución en la edición de periódicos y revistas (-14.8%). 

¿QUÉ ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS MESES?

Lamentablemente, el panorama económico actual no representa ninguna sorpresa, porque el BCRP reportaba un puntaje menor a 50 puntos en las expectativas empresariales durante todo el año, a pesar de la leve recuperación de este indicador en el primer trimestre. Esto refleja que la confianza empresarial sigue severamente afectada, tanto así que las más recientes proyecciones para este año consideran una contracción del 5.3% para la inversión privada, un panorama aún más desalentador que la caída del 2.5% que esperaba el BCRP a mitad de año. Esta menor inversión continuaría afectando a múltiples sectores, sobre todo aquellos que más dependen de esta para crecer, como la construcción. 

Nuestro país experimenta una desaceleración sostenida de su actividad económica en los últimos años. Según el BCRP, esta tendencia ha llevado a que las empresas sean cautelosas en la contratación de más trabajadores, ya que no anticipan un aumento significativo en los rendimientos de sus inversiones, por lo que las expectativas empresariales para los próximos meses se mantienen a la baja. Esta desaceleración económica también tiene un impacto en la disponibilidad de recursos con los que el Gobierno financia sus gastos futuros, lo que afecta el desarrollo de áreas críticas como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad ciudadana. 

En este sentido, el BCRP recomienda una serie de acciones clave para impulsar el desarrollo económico y la competitividad del país, tales como mejorar la calidad de la educación, simplificar la administración pública, modernizar el marco regulatorio, emprender la reforma del sistema de justicia, cerrar las brechas de infraestructura, mejorar la provisión y calidad del gasto y los servicios públicos, promover la digitalización en todos los niveles del Estado, fortalecer las instituciones públicas y la gobernanza, y fomentar el empleo formal a través de una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Estas recomendaciones son fundamentales para avanzar hacia un futuro de crecimiento económico sostenible y desarrollo.