Los proyectos adjudicados bajo la modalidad Obras por Impuestos (OxI) a nivel de Gobiernos regionales acumulan S/ 5,555 millones, pero, en sus 16 años de creación, solo una quinta parte se ha traducido en obras concluidas. En 2025, el MEF incrementó el monto del tope máximo adjudicable y anunció nuevas medidas para agilizar los procesos. La efectividad de estas acciones dependerá ahora no solo de lograr aplicarlas, sino también de fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos regionales. 

Las OxI fueron creadas para promover la participación del sector privado en la ejecución de infraestructura pública, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad del país. A través de este esquema, las empresas coordinan directamente con Gobiernos regionales, locales o entidades del Gobierno nacional para desarrollar obras priorizadas. Al concluirlas, reciben un Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que puede ser utilizado como forma de pago del impuesto a la renta, conforme a lo establecido por ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Desde sus inicios en 2009, el mecanismo de OxI permitió que los Gobiernos regionales suscriban convenios para cerrar brechas de infraestructura a nivel subnacional. A lo largo de estos 16 años, se observa un avance progresivo en distintas etapas del ciclo de un proyecto: 170 obras han sido adjudicadas por un monto de inversión de S/ 5,555 millones, de los cuales S/ 2,374 millones (32 obras) tienen convenio suscrito, S/ 1,127 millones (37 obras) se encuentran en ejecución y S/ 1,045 millones (50 obras) corresponden a proyectos concluidos. 

El Gobierno Regional de Áncash lidera ampliamente el ranking, según monto de inversión, con un total adjudicado de S/ 1,317 millones, seguido por Ica (S/ 841 millones) y Arequipa (S/ 690 millones). Estos Gobiernos regionales conforman buena parte de la inversión movilizada a través de OxI, lo que muestra una mayor articulación con el sector privado. Por otro lado, los Gobiernos regionales de Junín, Callao y San Martín son los que menor monto de inversión presentan (S/ 54.7 millones, S/ 23.7 millones y S/ 939,648, respectivamente).  

Los proyectos se concentraron principalmente en el sector educación, que figura como la función recurrente en más de la mitad de los departamentos. Gobiernos regionales como La Libertad (9 obras), Ica (7 obras) y Loreto (6 obras) han destinado importantes recursos a infraestructura educativa, lo que muestra una alineación con el cierre de brechas sociales. También destacan funciones complementarias como salud en los Gobiernos regionales de Cusco (34 obras) y Áncash (2 obras). 

Para 2025, los Gobiernos regionales cuentan con un monto disponible de tope máximo de capacidad anual (TMCA) de S/ 19,683 millones para este tipo de proyectos, lo que representa un aumento del 16% con respecto al 2024, según el MEF. Estos topes se incrementaron en 17 departamentos, entre los que destacan Cusco, Junín y Loreto. Por el momento, se han adjudicado S/ 1,326 millones. 

Recientemente, el MEF anunció una serie de medidas orientadas a dinamizar el mecanismo de OxI. Estas acciones forman parte del shock desregulador y buscan atender las barreras que limitan la ejecución oportuna de proyectos en los últimos años. Uno de los cambios es la creación de una plataforma centralizada para la negociación de los CIPRL, que permitiría a las empresas privadas acceder a liquidez de forma segura y ordenada, de acuerdo con el MEF. 

Otro de los desafíos del mecanismo es la reducción de los plazos para la operación y el mantenimiento en proyectos de tratamiento de aguas residuales y saneamiento, lo que ha desincentivado el interés empresarial. En respuesta, el MEF plantea una ampliación de plazos para el sector saneamiento, a través de una ley específica y su respectivo decreto supremo.

Las medidas impulsadas por el MEF son un paso importante. La efectividad dependerá tanto de fortalecer la gestión regional como de agilizar los procesos que permitan avanzar hacia la conclusión de los proyectos. Un uso más dinámico y sostenido del mecanismo OxI será clave para convertir los compromisos adjudicados en obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.