La implementación de una moneda digital ayudaría a promover la inclusión financiera en diversos sectores de nuestro país, además de facilitar la labor del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El éxito de esta iniciativa dependerá de cerrar las brechas que dificultan el acceso al sistema financiero y habilitar los canales necesarios para este, tanto a nivel de usuario como de interfaz e infraestructura. 

El BCRP publicó el reglamento de pruebas piloto de moneda digital, mediante la Circular N.o 0011-2024-BCRP, el pasado 16 de abril. Esto regula a los proveedores de billeteras digitales que deseen participar en la prueba. Los pilotos evaluarán el desempeño de modelos alternativos de dinero digital emitido por el BCRP, el cual determinará los lineamientos referidos a instrumentos, canales de uso, interoperabilidad, autentificación y fraude, entre otros aspectos.  

El proyecto de moneda digital (CBDC, por sus siglas en inglés) consiste en dinero soberano (soles) emitido de manera digital por el BCRP, mediante cuentas bancarias, billeteras electrónicas o representaciones físicas en forma de tokens. A diferencia de las cuentas y billeteras digitales de los bancos privados, el CBDC sería respaldado directamente por el BCRP. 

La experiencia internacional evidencia algunas nociones importantes sobre la implementación de una medida de este tipo. Un estudio del banco central de Singapur destacó la importancia de contar con características offline (para zonas con dificultades de acceso a internet o con flujo intermitente de electricidad), esto a través de redes de telefonía o tarjetas con chips. Asimismo, destacó la necesidad de operar a través de varios dispositivos y plataformas (smartphones, tarjetas, etc.), de modo que esta interoperabilidad facilite la experiencia del usuario. 

En la región, el Banco Central de Brasil encontró que facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas es clave en el proceso de integración financiera, dada su mayor participación en el porcentaje de usuarios no bancarizados. Asimismo, se destaca que establecer acuerdos internacionales masificaría el alcance de una CBDC al llevar su uso fuera de las fronteras. 

Una CBDC expandirá el sistema financiero e incrementará la bancarización en el proceso. Al haber más personas en este mercado, los cambios en la tasa de interés de referencia fruto de las decisiones de política monetaria del BCRP serán más efectivos, según el estudio para este caso elaborado por el BCRP en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, el sistema llevará registro de las transacciones diarias, lo cual funcionará como un historial crediticio para las personas no bancarizadas y facilitará su futuro acceso al crédito. 

¿QUE FALTARÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN?

El principal reto que enfrentará el sistema es la falta de inclusión financiera en el Perú. Los hallazgos del reporte del BCRP y el FMI evidencian que la población rechaza la bancarización por los altos costos de transacción (65% de los no bancarizados), sus bajos ingresos (49%) y la excesiva distancia a los bancos, cajeros y otros puntos de acceso al sistema (41%). 

Las dificultades de integración al sistema se agravan para las micro y pequeñas empresas (mypes), de las cuales apenas un 28.5% contó con un nivel aceptable de inclusión financiera durante enero-febrero de 2024 a nivel nacional. Esto se traduce en menos de la mitad que lo reportado en las empresas medianas (64.1%) y grandes (66.5%), según el Ministerio de la Producción (Produce)[1]. 

La disparidad también está presente a nivel subnacional, pues el departamento de Lima reportó los menores niveles de inclusión financiera, con solo un 23.7% durante enero-febrero de 2024. Esto puede resultar contraintuitivo a primera vista, ya que la capital cuenta con una participación del 68.3% sobre el saldo de crédito a nivel nacional, además de albergar al 48.7% de las empresas del país. No obstante, la concentración económica no garantiza una inclusión financiera equitativa en una región. Otros departamentos que presentan dificultades de acceso, uso y calidad son Loreto (25.5%) y Ucayali (28.5%), según Produce. 

Estas brechas reducen el alcance potencial de los beneficios de una moneda digital para una posible inclusión. El Ejecutivo debe establecer políticas que mejoren la accesibilidad y cierren las brechas existentes tanto en el ámbito geográfico como en el tejido empresarial, a fin de asegurar el éxito de esta medida.

[1] Produce sostiene su definición de inclusión financiera en tres dimensiones: accesibilidad (puntos de atención, infraestructura y oferta de servicios financieros), frecuencia de uso y calidad del servicio.