Recientemente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, anunció la creación de un fondo con la finalidad de comprar oro procedente de la actividad minera informal[1]. Así, de acuerdo con el ministro, las ventajas de esta medida son dos: ofrecer una fuente de financiamiento para los mineros y que ellos puedan exportar el mineral con derecho a la devolución del IGV de sus costos.

De esta manera, se busca crear incentivos positivos para avanzar en la formalización de la minería a pequeña escala, un objetivo en el que estamos muy rezagados y que nos urge corregir. Recordemos que producto de las condiciones en las que se desarrolla esta actividad, se generan niveles de contaminación muy graves para varios sectores productivos, así como para la salud de miles de personas (ver Semanario N.° 808). Asimismo, en muchos casos se realizan prácticas sociales que atentan contra los derechos humanos.

Si bien se trata de una buena iniciativa, la creación de este fondo debería ser el punto de partida de una serie de medidas para mejorar la política de formalización minera, lo que tuvo muy poca firmeza en el Gobierno anterior. Como vimos en el Semanario N.° 843, la respuesta activa de la pasada gestión se basó en la destrucción total de los campamentos mineros (informales e ilegales), una práctica que, según la Presidencia del Consejo de Ministros, le costó al Estado S/ 1 millón por cada operativo, con resultados insignificantes: de casi 70,000 mineros informales que presentaron compromisos de sostenibilidad ambiental al Ministerio del Ambiente (Minam), solo cinco de ellos (entre personas naturales y cooperativas) lograron completar el proceso de formalización en los tres primeros años de implementación. Una tan baja efectividad muestra que, mínimamente, hubo un planteamiento erróneo de este proceso.

Oro responsable

Ahora bien, no debemos olvidar que la idea central consiste en mostrar a los mineros oportunidades de crecer a través de la formalización. Al respecto, la Iniciativa Oro Responsable (BGI, por sus siglas en inglés), un proyecto desarrollado por una alianza público privada entre la Cooperación Suiza y la Asociación Suiza de Oro Responsable, representa un caso positivo del cual podemos aprender lecciones importantes para incentivar la formalidad.

El objetivo del BGI consiste en apoyar a mineros de pequeña escala para que puedan alcanzar estándares internacionales que les permitan acceder a una cartera de clientes suizos[2] (este país es el líder en el mundo en refinado, transformación y consumo de oro), a partir de lo cual se puede crear una cadena de valor directa desde la mina hacia el mercado, para evitar vender a través de intermediarios, que se estima obtienen comisiones entre un 5% y un 6% del precio. El Perú ha sido el primer país en el que se ha implementado el programa a nivel mundial, entre los años 2013 y 2015, con un costo aproximado de US$ 3 millones.

Las acciones del BGI se iniciaron con un estudio de campo sobre las empresas que podrían incorporarse al proyecto. Se identificó el estado en el que producían y se ofreció el apoyo necesario para su proceso de formalización, para después empezar las capacitaciones que les permitirían obtener certificaciones de calidad ambiental, social y laboral de índole internacional[3]. Así, podemos nombrar a mineras como CECOMIP (Puno), MACDESA (Arequipa), CECOMSAP (Puno) y SOTRAMI (Ayacucho), que han logrado exitosamente reiniciar sus operaciones como empresas formales y que exportan directamente con devolución de IGV, la compra total de su producción de oro, mejoras en la productividad y condiciones de vida, e incluso acceso a fondos especiales de reinversión como recompensa a su esfuerzo.

Cabe mencionar que el principal obstáculo para el BGI fueron los requisitos legales y los costos burocráticos. Por ejemplo, la minera CECOMIP ha valorizado los costos de su formalización en aproximadamente US$ 150,000, una cantidad significativa que en varios casos puede representar un perjuicio para los mineros. De igual forma, Guillermo Medina, coordinador nacional del BGI, ha señalado que existen muchos vacíos legales en el proceso de formalización planteado, lo que impide el tratamiento puntual de las empresas mineras.

En conclusión, el caso del BGI muestra que sí es posible el desarrollo sostenible de la pequeña minería en el país. El quid del asunto está en hacer que la relación costo-beneficio sea favorable a la formalidad, lo que implica mejorar las condiciones para acceder a ella. Esperamos que el nuevo fondo minero sea el primer paso para cumplir este objetivo.