Un pilar fundamental de la economía es la correcta asignación de los derechos de propiedad. En el Perú, el sistema de derechos de propiedad está en emergencia. Es común escuchar los problemas que esto genera en las inversiones (mineras, petroleras, agrícolas u otras), donde aparecen poseedores o presuntos propietarios de terrenos que reclaman derechos y compensaciones, o simplemente se oponen al desarrollo del proyecto. Es también motivo de conflictos generados por la aparición de comunidades indígenas o campesinas sin título alguno sobre sus tierras, o de poblaciones de menores recursos engañadas por traficantes de tierras que se aprovechan de la debilidad del sistema. Y eso no solo golpea al privado, sino también al Estado, quien se ve afectado no solo por la subutilización del suelo y de los predios que posee, sino por la ineficiencia de la propia maraña de instituciones y trámites que este mismo ha creado.

El sistema de derechos de propiedad en el Perú ha tenido una historia de altos y bajos. A fines de los 80, se dieron importantes reformas e inversiones en recursos que permitieron avances en la formalización de derechos de propiedad. Luego, con el COFOPRI de la década de los 90, responsable del área urbana, y el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), en el área rural, se alcanzaron importantes cifras en formalización de predios. Sin embargo, todo vino cuesta abajo al descentralizar estas facultades a las municipalidades y los gobiernos regionales, con resultados que son fáciles de imaginar. En 2004, el Sistema Nacional Integrado de Catastro buscó integrar los diversos catastros: el rural, el urbano y el minero, pero la realidad es que se ha avanzado poco o nada. Lo mismo sucede con el Catastro Registral de la Sunarp. Además, está pendiente la formalización de predios colectivos de comunidades campesinas y nativas. En suma, hoy se tiene un complejo sistema que genera problemas de transparencia, predictibilidad e inseguridad, y que es urgente reformar.

El sistema de derechos de propiedad es la columna vertebral de cualquier proceso de formalización, de promoción de inversiones y de fortalecimiento de la seguridad jurídica. Atender esta reforma requiere liderazgo político y compromiso al más alto nivel, e implica una modernización del Estado en línea con la simplificación administrativa que busca este Gobierno. Se trata de una reforma mayor, fundamental para dinamizar la economía a través de un ordenamiento del territorio nacional que traería múltiples beneficios y solucionaría muchos de los problemas que hoy enfrentamos. Por ejemplo, permitiría ejecutar con mayor eficiencia políticas públicas (obras de saneamiento, políticas sociales), disminuiría los conflictos sociales por delimitación de territorios, impulsaría la economía a través de la formalización, generaría mayores ingresos tributarios y, sobre todo, mayores oportunidades para los propietarios de los predios, pues abriría posibilidades de acceso al crédito.

La propuesta: un Sistema Único Nacional de Gestión Territorial y Registros Públicos, que consolide las funciones de las entidades que actualmente tienen competencia en i) titulación, ii) registro, iii) catastro y iii) saneamientos de predios; y que, junto con un potente soporte tecnológico, garantice la interoperabilidad e interconexión de los diferentes sistemas e instituciones existentes, y sea una herramienta de acceso público en beneficio de la ciudadanía. Con esto, el satélite se paga solo.