Menos denuncias, pero no basta para cantar victoria
Menos denuncias no necesariamente significan menos delitos. Con una población que aún desconfía de las autoridades y percibe altos niveles de inseguridad, el reto está en recuperar la confianza y convertir los esfuerzos de las autoridades en resultados concretos.
Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), se denunciaron 748,168 hechos delictivos entre enero y octubre de 2026, un 2% menos que en el mismo periodo del año pasado. El hurto y robo (25.7% del total), y la violencia contra la mujer y los integrantes del hogar (24.7%) se situaron como los hechos denunciados con mayor frecuencia.
El hurto y robo sumaron 191,995 denuncias entre enero y octubre, un 4.3% menos que en el periodo similar de 2025, y un 37.2% menos que el máximo de 2023, cuando se superaron las 300,000. Según departamentos, Tumbes registró el mayor descenso en las denuncias por estos delitos (-36.9%), seguido por Apurímac (-19.5%) y Huancavelica (-19.2%). En tanto, el Callao (+12%), Moquegua (+8.7%) y Tacna (+6.7%) registraron los mayores incrementos.
La violencia contra la mujer y los integrantes del hogar registró 185,140 denuncias, 0.3% más que en el mismo periodo del año previo. Puno registró la mayor caída en denuncias por este delito (-12.5%), seguido por Apurímac (-11.6%) y Huancavelica (-10.5%). En contraste, Moquegua (+18.7%), Madre de Dios (+17.8%) y Ucayali (+12.2%) registraron los mayores aumentos.
Otros delitos que registraron fuertes alzas en años anteriores también registraron bajas importantes entre enero y octubre. Las denuncias por extorsión, que se multiplicaron por casi ocho veces entre 2019 y 2025 —año en que alcanzaron su máximo—, cayeron un 23.5% en el periodo enero-octubre. Piura (-58.9%), Ayacucho (-44.7%) y Puno (-41.9%) registraron las mayores reducciones, mientras que los mayores incrementos ocurrieron en Moquegua (+97%), Tacna (+59.1%) y Madre de Dios (+57.6%).
Por otra parte, la baja en las denuncias no refleja necesariamente una mejora en seguridad. Según el último Boletín de Seguridad Ciudadana, apenas el 17% de las víctimas de algún hecho delictivo y mayores de 15 años realizó una denuncia al cierre de julio. Esta proporción se redujo en 2.8 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (19.8%) y se ubicó por debajo de todos los registros observados durante el último año.
Entre quienes no denunciaron, el 15% manifestó desconfiar de la Policía, mientras que el 45.1% consideró que hacerlo era una pérdida de tiempo. Además, el 83.3% de la población urbana aún percibe que podría ser víctima de algún delito. Por tanto, recuperar tanto el control del territorio como la institucionalidad de la policía permanecen como objetivos pendientes.
Frente a estos desafíos, es fundamental articular las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado, así como alinear las intervenciones de distintos sectores, a fin de facilitar el intercambio de información y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate de la criminalidad. Los esfuerzos actuales incluyen iniciativas como el Comando Unificado contra la Criminalidad y la comisión multisectorial Perú en Orden.
A ello se le suma la cooperación internacional, que puede facilitar el acceso a tecnología e inteligencia. Recientemente, EE. UU. reafirmó su apoyo a unidades especializadas de la Policía Nacional mediante el trabajo conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias. Asimismo, China anunció una colaboración para construir un centro de monitoreo inteligente que permitiría fortalecer la videovigilancia y la respuesta ante incidentes.
A nivel presupuestal, el programa 0030 se orienta a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esta cuenta con S/ 7,587 millones asignados para 2026, de los cuales se ha utilizado el 79.9% al cierre de octubre. El 70% de este presupuesto total se asigna al pago del personal, reflejo del peso de los recursos humanos en la prestación del servicio policial. En tanto, la adquisición y contratación de bienes y servicios concentró el 18%, que comprende gastos como combustible, mantenimiento, materiales y servicios de implementación para los sistemas de lucha contra la inseguridad.
El Perú cuenta con recursos, instituciones y respaldo internacional para enfrentar la criminalidad, el desafío es convertirlos en resultados concretos. Enfrentar la criminalidad exige pasar de las intervenciones aisladas a una estrategia sostenida.