¿MATAR A LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO?

Hace unos días, se aprobó en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República un dictamen que busca regular e impulsar la implementación del accionariado comunal en los proyectos extractivos. 

Si bien el proyecto original disponía la obligación de que los proyectos extractivos pongan a disposición entre el 5% y el 10% de sus acciones para que sean adquiridas por las comunidades ubicadas en el área de influencia de dichos proyectos, el dictamen aprobado limita la disposición al sector minero y contempla que el titular pueda disponer e impulsar la actividad asociativa minera. 

Al recaer en el ámbito de la libertad empresarial, no se necesita aprobar una ley en los términos expuestos. Las empresas, hoy, ya lo podrían hacer. Mas bien, incluir una disposición legal en estos términos crearía expectativas que podrían exacerbar la conflictividad social. Corresponde a la Comisión de Economía del Congreso archivar este proyecto de ley. 

No olvidemos que proyectos similares ya se han presentado anteriormente. Es una medida arbitraria e inconstitucional, dado que vulnera derechos como la libertad de asociación, la libertad contractual, la libertad de empresa y la propiedad privada. Como bien dispone el artículo 70° de la Constitución, el derecho de propiedad es inviolable. Privar la propiedad unilateralmente es una expropiación que solo procede por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago de indemnización. 

A lo anterior debe sumarse la vasta red de acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú con nuestros principales socios comerciales, como son EE. UU., China, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, México, Corea del Sur, Japón, entre muchos otros, que comprende tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, los cuales recogen estos mismos principios en materia de expropiación. Por tanto, su incumplimiento no solo acarrea implicancias constitucionales, sino que generaría sanciones en el marco de procedimientos de solución de controversias internacionales, cuyos altos costos deberán ser asumidos por el tesoro público. 

El sector minero aporta de manera importante en la generación de recursos económicos tanto para el Gobierno nacional como para los Gobiernos subnacionales (locales y regionales), mediante transferencias por concepto de canon, sobrecanon y regalías. Son precisamente estos conceptos los que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los pobladores, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública con impacto local y regional, así como del mantenimiento de infraestructura básica (en educación, salud, transporte, saneamiento, entre otros). 

Sin perjuicio de ello, lo que existe es un grave problema relacionado a la ineficiencia e incapacidad de gasto de los Gobiernos locales y regionales, que se ve reflejado en la falta de cierre de brechas socioeconómicas en sus localidades. Esto debe ser abordado y comprendido a través de políticas públicas que permitan una mejor distribución y ejecución de los recursos, de modo que se traduzcan en obras y servicios públicos de calidad que mejoren las condiciones de vida de la población. 

¿Qué se podría hacer para mejorar la ejecución de los recursos generados por la minería? Reforzar la asistencia técnica para la ejecución de los proyectos de inversión pública. Podría empezarse en los distritos con alta concentración de ingresos por canon, pero con baja ejecución histórica. Esta profesionalización de los servidores públicos, además de centrarse en mejorar la ejecución de las obras, debe orientarse hacia el cierre de brechas. De otro lado, establecer oficinas de gestión de proyectos (PMO) para los proyectos de gran escala, que acompañen la gestión de las inversiones. 

Desde un punto de vista de mejora regulatoria, se necesita delimitar los problemas públicos antes de plantear soluciones regulatorias. Si el problema público es la escasa ejecución de los recursos donde se realiza la actividad minera, la solución pasa por mejorar esa ejecución y no por expropiar las acciones de las empresas mineras.