Hace unos días, un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. determinó que los aranceles globales (no los específicos, como al acero, aluminio o cobre) impuestos por la administración Trump eran ilegales. No obstante, la ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. 

Inmediatamente, el presidente Trump manifestó, vía redes sociales, que la decisión de la corte es incorrecta y que “los aranceles son la mejor herramienta para proteger a los trabajadores y apoyar a las compañías que producen domésticamente”. Como hemos visto en otros casos, los aranceles se venden como “protección” para la economía nacional. 

El liberalismo económico —basado en pensadores como Adam Smith, David Ricardo y Frédéric Bastiat— sostiene que el comercio libre y voluntario entre naciones genera beneficios mutuos, gracias a las ventajas comparativas. Los aranceles distorsionan los precios, reducen la competencia y terminan perjudicando tanto a consumidores como a productores. 

El argumento de que los aranceles son la “mejor herramienta” para proteger la economía nacional ha probado no ser cierto. En realidad, encarecen productos, destruyen competitividad y provocan represalias comerciales. La historia muestra que las economías más prósperas y dinámicas son aquellas que abren sus mercados, fomentan la especialización y reducen barreras. 

Lo hemos visto con el arancel Smoot-Hawley. En 1930, EE. UU. subió aranceles a más de 20,000 productos para “proteger empleos”. El resultado fue que otros países respondieron con más aranceles, el comercio mundial cayó un 60% y la Gran Depresión se agravó. Lejos de “fortalecer” la economía, el proteccionismo empeoró la recesión y el desempleo. 

Lo contrario lo vimos en Chile. En el periodo entre 1975 y 1990, de aranceles promedio del 100% se pasó a un arancel plano del 10%. El resultado fue una explosión exportadora, diversificación y crecimiento sostenido. La apertura generó mayor competitividad y atrajo inversión extranjera. 

De igual manera, países pequeños, como Singapur e Irlanda, sin grandes recursos naturales, apostaron por el libre comercio, impuestos competitivos y apertura a la inversión. Hoy están entre los más ricos del mundo en ingreso per cápita. 

Y lo hemos visto en el caso peruano. Desde inicios de los años noventa, cuando el país inició su proceso de liberalización comercial, los beneficios han sido contundentes. En 1990, nuestras exportaciones eran menos de US$ 4,000 millones. Se proyecta que este año pasemos los US$ 80,000 millones. En 2000, el Perú exportaba poco más de 2,700 partidas arancelarias con valores mayores a los US$ 1,000. En 2024 fueron 4,208, lo que refleja una canasta exportadora cada vez más diversa y sofisticada. El sector agroexportador es el mejor ejemplo del impacto de esta apertura. En los noventa, casi no existía. Hoy, el Perú es líder mundial en productos como arándanos, uvas y paltas. 

En 2024, más de 9,200 empresas realizaron exportaciones, muchas de ellas micro, pequeñas y medianas, lo que demuestra cómo la apertura comercial ha democratizado el acceso al mercado internacional, un mercado consolidado gracias a nuestra vasta red de acuerdos comerciales, a la que se sumarían Hong Kong e Indonesia una vez que entren en vigor los acuerdos ya pactados. 

El libre comercio no significa debilidad, significa confianza en tu capacidad de producir lo mejor. La apertura no destruye países; los fortalece, los enriquece y los conecta con el mundo.