En un entorno de bajo crecimiento y restricciones fiscales, el FMI advierte que la clave ya no es expandir el gasto, sino usarlo con eficiencia para impulsar el desarrollo.

El más reciente Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea un cambio de enfoque en la política fiscal global. En un contexto de bajo crecimiento, alta deuda y crecientes presiones de gasto, el desafío no pasa por gastar más, sino por gastar mejor. El informe sostiene que la eficiencia y la composición del gasto público son hoy tan importantes como su magnitud: mejorar la forma en que los Estados asignan y ejecutan los recursos puede impulsar significativamente el crecimiento económico sin necesidad de expandir el presupuesto.

El documento también lanza una advertencia global: la deuda pública mundial alcanzará el 100% del PBI en 2029, el nivel más alto desde 1948 cuando alcanzó el 132%. Este incremento se explica por déficits fiscales persistentes y mayores costos de financiamiento. En ese sentido, se subraya la urgencia de fortalecer la eficiencia del gasto como mecanismo para sostener la estabilidad macroeconómica.

Según el FMI, las brechas de eficiencia, la distancia entre el desempeño de un país y el de las naciones con mejores prácticas, ascienden en promedio al 31% en las economías avanzadas, el 34% en las emergentes y el 39% en los países de bajo ingreso. Esto significa que los Gobiernos podrían obtener hasta un 40% más valor por su gasto actual si mejoraran la gestión, planificación y evaluación de sus recursos.

El análisis muestra, además, una mala composición del gasto. A nivel global, el gasto en inversión pública se ha reducido a apenas un 18% del total, mientras que la planilla pública representa cerca del 25%, con altos grados de rigidez legal y contractual. En cambio, los recursos destinados a educación se han estancado en torno al 11% del gasto total, y los de investigación y desarrollo (I+D) siguen siendo marginales.

El FMI también estima que la rigidez del gasto, es decir, la proporción de recursos difícil de modificar en el corto plazo, se ubica en 33 % para economías avanzadas, 26 % para emergentes y 29 % para países de bajo ingreso. En la práctica, esto implica que entre una cuarta y una tercera parte del presupuesto está atada a compromisos que restringen la capacidad de respuesta fiscal.

Aun así, el informe ofrece un mensaje optimista: gastar mejor puede tener efectos tan potentes como una expansión fiscal tradicional. Reasignar el 1% del producto bruto interno (PBI) a infraestructura puede elevar el producto en un 1.5% en economías avanzadas y un 3.5% en las emergentes, a largo plazo. De igual modo, redirigir el 1% del PBI desde gasto administrativo hacia educación puede aumentar el PBI en un 3% y un 6%, respectivamente. Si además se cierran las brechas de eficiencia, las ganancias adicionales de producto podrían darse en un 1.5% en economías avanzadas y del 2.5% al 7.5% en economías emergentes y en desarrollo, en el largo plazo.

El espejo peruano: mucho gasto rígido, poca eficiencia

El diagnóstico global del FMI encuentra un eco claro en la realidad peruana. A pesar de mantener una deuda pública baja (alrededor del 30% del PBI), el país enfrenta un serio problema de ineficiencia y rigidez presupuestal. Más del 40% del gasto público se concentra en gasto corriente (remuneraciones, pensiones y transferencias), lo que deja un margen limitado para la inversión productiva y reduce la capacidad del Estado para reaccionar ante las necesidades del desarrollo.

Al cierre de 2024, Llos datos del Registro Nacional de Municipalidades muestran con claridad las brechas de gestión que afectan el desempeño fiscal a nivel territorial. En promedio, siete de cada diez municipalidades del país declararon requerir capacitación en temas clave de gestión pública:

·        Administración tributaria municipal (72.7%)

·        Formulación y evaluación de proyectos públicos (66.5%)

·        Procedimientos administrativos (75.8 %)

Departamentos como Madre de Dios, Tumbes y Moquegua muestran necesidad de capacitación particularmente notoria en formulación de proyectos, mientras que en otros, como La Libertad, Loreto y Pasco, la proporción de municipalidades que necesita capacitación en procedimientos administrativos supera el 80%. Estas cifras revelan un problema estructural: el Estado peruano no solo gasta poco en inversión, sino que tampoco cuenta con las capacidades ni herramientas suficientes para ejecutarla de manera eficiente.

El impacto de estas limitaciones es visible. Como se mostró en el Semanario 1271, el número de obras públicas paralizadas aumentó de 2,256 en 2024 a 2,428 en junio de 2025, con un valor total que pasó de S/ 36,122 millones a S/ 44,298 millones. Los Gobiernos locales concentran la mayor parte de estas paralizaciones (más del 70%), lo que refleja la débil capacidad de gestión subnacional y la falta de mecanismos efectivos de supervisión y continuidad de proyectos.

Así, mientras el FMI insta a los países a gastar mejor, el Perú enfrenta un doble reto: mejorar la calidad institucional del gasto y fortalecer las competencias técnicas de los Gobiernos subnacionales. Sin ello, cualquier aumento presupuestal terminará diluyéndose en ineficiencias que perpetúan los cuellos de botella en inversión y servicios públicos. En América Latina, y particularmente en el Perú, la rigidez del gasto se combina con una débil capacidad para formular y ejecutar proyectos, lo que reduce la efectividad del gasto incluso en sectores prioritarios.

El Monitor Fiscal deja una lección para el Perú que muchos ya sabíamos: el desafío no es gastar más, sino gastar mejor. En un contexto de bajo crecimiento y crecientes demandas sociales, la eficiencia y la priorización del gasto público son condiciones indispensables para sostener la estabilidad fiscal y el desarrollo. Cerrar las brechas de gestión, fortalecer las capacidades subnacionales y revisar periódicamente el uso de los recursos permitirá que cada sol rinda más. En última instancia, la calidad del gasto será un verdadero multiplicador del crecimiento peruano.