Al culminar abril de 2025, el Perú ha ejecutado aproximadamente S/ 14,000 millones de su presupuesto anual de inversiones. Esto representa un incremento del 27% en el primer trimestre de 2025 en comparación con 2024, equivalente a S/ 2,000 millones adicionales, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, persisten brechas importantes en el avance de ejecución, especialmente a nivel local. 

Estos resultados mantienen la tendencia creciente que se reportó el año pasado, cuando la inversión pública alcanzó un nivel histórico de S/ 57,742 millones (+16% en relación con 2023), según MEF. Sin embargo, cada año las metas del Gobierno aumentan, junto con el presupuesto programado para inversiones. Y, cuando analizamos los niveles de ejecución, en enero-abril de 2025 apenas se avanzó un 22% del presupuesto anual, por detrás del 23% registrado en el mismo periodo de 2024. 

Los bajos niveles de ejecución se explican por el menor avance de los Gobiernos locales. Esto también ocurrió durante 2024, cuando los locales ejecutaron el 68% del presupuesto para inversión pública, mientras que el Gobierno nacional (96%) y los Gobiernos regionales (88%) lograron récords históricos. La brecha se mantiene en 2025: al mes de abril, las municipalidades apenas lograron ejecutar el 19.8% de su presupuesto, por detrás del Gobierno central (27.3%) y regional (22.8%). 

Uno de los factores que explica el rezago de los gobiernos subnacionales es la falta de predictibilidad del presupuesto anual que manejarán. Generalmente, el presupuesto institucional modificado (PIM) aumenta considerablemente a lo largo del año. Inclusive, duplica al presupuesto inicial de apertura (PIA) en ocasiones. El año pasado, por ejemplo, el incremento fue del 56%. En 2025, el mismo ya es del 26% al cierre de abril, según cifras del MEF. 

Esta situación revela una falta de planificación estratégica. Este déficit no solo compromete la priorización de proyectos clave, sino que también limita la capacidad de respuesta frente a contingencias y necesidades emergentes. Esto se suma a otros factores, como la necesidad de reforzar las capacidades técnicas y operativas de los funcionarios (ver Semanario 1237) que, sumados, acarrean un perjuicio para la población.

La inversión pública no solo es una fuente clave de infraestructura y servicios básicos, sino también un motor que dinamiza las economías locales. Cuando los Gobiernos regionales y municipales no logran ejecutar eficientemente su presupuesto de inversión, se postergan proyectos esenciales como la construcción de escuelas, centros de salud, carreteras, sistemas de agua potable y saneamiento. Esta situación profundiza las brechas de acceso a servicios públicos, lo cual perpetúa la desigualdad territorial y limita las oportunidades de desarrollo económico y social, especialmente en las zonas más necesitadas. 

Es necesario que las municipalidades, además del acompañamiento técnico y la capacitación adecuados, cuenten con mayor predictibilidad al determinar sus recursos disponibles para ejecutar su cartera de proyectos. Solo así podrán garantizar que los presupuestos asignados se traduzcan efectivamente en obras y servicios concretos para la ciudadanía. En última instancia, mejorar la ejecución de la inversión pública no es solo una meta administrativa, también es una condición indispensable para cerrar las brechas de desarrollo y fortalecer la confianza ciudadana en el Estado.