Uno de los principales problemas que viene afectando a la economía nacional y que siempre ha estado en boca de todos es la informalidad. Frecuentemente, se han explicado las repercusiones de este fenómeno en el desarrollo económico, y es que, año tras año, el Perú deja de percibir millones de soles en recaudación tributaria, se sumerge en la informalidad laboral que afecta más que todo a los jóvenes trabajadores, contribuye a la generación de prácticas ineficientes que restan competitividad a las industrias, alienta la pobreza y disminuye la competitividad del país.

Así, para abordar y atacar este tema, es preciso tener clara la situación por la que pasamos, quiénes son exactamente los actores involucrados y qué incentivos determinan su comportamiento, a fin de formular una política pública precisa que intervenga eficiente y efectivamente en la problemática de la informalidad.

La informalidad empresarial en el Perú se concentra en las unidades de menor escala, las micro, pequeñas (Mype) y medianas empresas. Como señalamos en el Semanario N.° 855, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2015, las microempresas representan un 93.9% del total de empresas en el país; mientras que las pequeñas empresas, un 0.2%. Ambas sumaron 5.3 millones de Mype. Este segmento de la economía es fundamental para la generación de ingresos de miles de familias. Según la Enaho 2015, estos negocios emplearon a 7.7 millones de personas, que representan casi el 45% de la población económicamente activa (PEA). No obstante, se halló que un 83.1% de las Mype son informales, al no estar registradas como persona jurídica o empresa individual. Peor aún, el 71% no lleva ningún tipo de registro de ventas.

A pesar de que las Mype constituyen unidades de negocio que reportan ventas menores a 1,700 unidades impositivas tributarias (UIT) al año, en 2015, el valor de sus ventas representó un 21.6% del PBI nacional. Asimismo, para departamentos como Loreto o San Martín, las ventas de las Mype que operan en esas zonas registran ventas de más de un 42% del PBI departamental.

¿Conoces a las Mype?

Ahora bien, con la finalidad de identificar una posible solución a la informalidad de las Mype, es imprescindible tener una visión clara de quiénes son y dónde están a partir de la información poblacional. Actualmente, esta información es reportada a nivel municipal al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y recopilada en el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu). En este, cada una de las 1,842 municipalidades informan, entre otros indicadores, el número total de Mype registradas que operan en su jurisdicción. Así, cabe indicar que, en promedio, las municipalidades a nivel nacional registran tan solo un 1% de las Mype calculadas en la Enaho. Entre los departamentos cuyas municipalidades registran menos de estas empresas se encuentran Tumbes (0.3%), Ucayali (0.4%), Madre de Dios (0.4%), Loreto (0.5%), Huánuco (0.5%) y Puno (0.5%).

Esta situación es aún más alarmante si se consideran los dos siguientes aspectos. En primer lugar, según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972, los Gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo en armonía con las políticas regionales y nacionales. Asimismo, en el artículo 73 de la misma se otorga como competencia municipal la promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural; y en el artículo 86, la ley dice que es función municipal mantener un registro de las empresas que operan en su jurisdicción y realizar campañas para facilitar la formalización de las Mype.

En segundo lugar, dadas estas facultades, el Gobierno central otorga un presupuesto anual a las municipalidades para que cada una realice plenamente estas labores de promoción, fomento y registro. El presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a estos rubros, en 2016, asciende a más de S/ 32.4 millones, de los cuales se ejecutó un 44% hasta agosto. A pesar de ello, este monto representa solamente un 0.12% de todo el presupuesto destinado a los Gobiernos municipales.

Es importante resaltar que cerca del 93% de este dinero es financiado por recursos determinados, es decir, impuestos municipales, fondo de compensación municipal, canon y sobrecanon, entre otros. En otras palabras, dinero recaudado directamente de la producción y ventas de las empresas que operan dentro de la jurisdicción de las municipalidades. Así, si consideramos tan solo el impuesto de promoción municipal (2% sobre el valor de venta), las ventas de las Mype resultarían ser una gran fuente de ingresos directa para que las municipalidades inviertan en el desarrollo local en general.

En vista de este escenario, resulta difícil pensar que alguna política pública destinada a formalizar a los micro, pequeños o medianos empresarios resulte verdaderamente efectiva en el corto plazo. Los incentivos a formalizarse van más allá de actividades de promoción local, fomento o reducción impositiva general. La casi nula focalización de los actores involucrados es la ruina de toda política pública.