En el debate sobre la provisión de servicios esenciales, la eficiencia y el alcance del sector privado han demostrado ser invaluables. Si bien existen algunos casos de empresas que no actúan con la diligencia esperada, no podemos desestimar la importancia de un sector privado dinámico y competitivo en la mejora de la calidad de vida de la población. 

Recientemente, a raíz del caso de la empresa Medifarma, tenemos que criticar firmemente lo sucedido y solidarizarnos con las familias de los fallecidos. Si bien somos férreos defensores y promotores de la inversión privada, ello no exime de responsabilidad a las empresas que incumplan el marco legal o cometan actos de negligencia. Y cuando ello sucede, tenemos que ser firmes en criticarlo y pedir las investigaciones y sanciones que correspondan. 

Si bien reconocemos que existen casos en los que algunas empresas incurren en prácticas indebidas, ya sea por negligencia o por priorizar beneficios económicos sobre el bienestar de los ciudadanos, la solución no está en demonizar al sector privado ni en restringir su participación, sino en aplicar las sanciones necesarias para garantizar que operen bajo estándares adecuados. Regular y fiscalizar son tareas del Estado, pero esto no debe convertirse en un pretexto para frenar la inversión privada ni para promover políticas estatistas ineficientes. 

Es un error pensar que la alternativa a las fallas del sector privado es la estatización de los servicios. La historia nos ha demostrado que cuando el Estado asume el control total de sectores que considera estratégicos, los problemas de burocracia, corrupción e ineficiencia se multiplican, lo que afecta directamente a los ciudadanos. La solución está en fortalecer un marco regulatorio efectivo y transparente que fomente la competencia, incentive la inversión y sancione a quienes incumplan las normas. 

El desarrollo del sector privado es crucial para el crecimiento económico y la mejora de los servicios en el país. En lugar de desacreditarlo por las malas prácticas de unos pocos, debemos reconocer su papel en la generación de empleo, la innovación y la optimización de recursos. La iniciativa privada es parte de la solución a problemas estructurales en el Perú. Apostemos por un sector privado sólido, bien regulado y eficiente, en beneficio de todos los peruanos.