La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó lo que era una verdad a voces: el grave impacto de la pandemia en los bolsillos de los peruanos reflejado a través de la pobreza monetaria. Según la información presentada para 2020, el 30.1% de la población peruana es pobre, lo que significó un retroceso de 9.9 puntos porcentuales (pp) respecto de 2019. Esto significa que alrededor de 9.9 millones de peruanos gastan menos de S/ 360 al mes, monto equivalente a una canasta básica de consumo. Si bien estas cifras reflejan el desolador panorama que se vivió el año pasado, no logran capturar las demás carencias que enfrentan muchas familias peruanas. Por ello, esperamos pronto que se consolide una medición oficial de la pobreza multidimensional para el país, la misma que presenta una apreciación holística de la realidad peruana, ya que incorpora factores como el acceso y la calidad de los servicios básicos.

Desde el año pasado, ComexPerú viene realizando un ejercicio de estimación de la pobreza multidimensional basado en tres pilares: (i) educación, (ii) salud y (iii) condiciones de vivienda (ver Semanario 1028). El pilar de educación comprende el nivel de escolaridad infantil y escolaridad del jefe de hogar. En cuanto a salud, se captura el nivel de aseguramiento de la salud, así como la respuesta ante alguna enfermedad. En el pilar condiciones de vivienda, se considera el acceso a servicios básicos como agua y electricidad, calidad del piso de las viviendas, conexión al servicio higiénico y combustible de cocina. Así, una persona es pobre si su hogar experimenta privaciones en al menos un tercio de los indicadores. Con esto, se busca también evaluar las oportunidades de desarrollo de la población, más allá de los ingresos o gastos que realizan.

De los resultados, estimados a partir de la información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el 41.7% de los peruanos es pobre multidimensional. A diferencia del grave incremento de la pobreza monetaria en 2020, que nos retrocede a cifras de hace 10 años, la pobreza multidimensional se redujo en 0.7 pp, lo que reflejaría cierto estancamiento si consideramos que en la última década la reducción fue, en promedio, 2.2 pp al año. De esta manera, mientras que el aumento de los pobres monetarios estaría relacionado con la paralización económica, debido a las medidas para frenar la propagación del coronavirus, lo cierto es que aún persisten grandes brechas en cuanto a servicios.

A nivel departamental, en 23 de los 25 departamentos, la incidencia de la pobreza multidimensional es mayor a la de la pobreza monetaria. Por un lado, Moquegua se consolida como la región con menos pobres multidimensionales y también resalta bajo el enfoque monetario. En el otro extremo, ahora los departamentos más pobres ya no son Huancavelica (56.3%) y Ayacucho (50.8%), como reporta el enfoque monetario, sino Huánuco (59.1%) y Loreto (57.4%). 

Asimismo, Madre de Dios resalta como el departamento con mayor diferencia entre ambos enfoques, con una pobreza multidimensional del 56.7% y una monetaria del 11.3%. Este es un claro ejemplo de que, aunque la pobreza monetaria se haya reducido y la economía haya mejorado en el departamento, esto no se ha reflejado en mayores servicios para su población.

Pero ¿qué revelan estos resultados? En los últimos años, la respuesta de los distintos niveles de Gobierno no ha sido acorde con la mejora de nuestra economía para atender las principales necesidades de la población. Para tener una idea, de acuerdo con el Reporte de Eficacia del Gasto Público, en 2020, los Gobiernos locales ejecutaron solo el 53.5% del presupuesto destinado para la inversión pública, necesaria para el cierre de brechas de la infraestructura económica y social, mientras que los Gobiernos regionales avanzaron un 65.3%. Y si analizamos a nivel departamental, las cifras son aún más alarmantes, con departamentos como Ica, Cajamarca y Tumbes, cuyos Gobiernos regionales solo ejecutaron el 27.6%, 31% y 37%, respectivamente. En tanto, existe un gran número de personas que no ha visto traducido el crecimiento en mejoras de los servicios públicos básicos, cuya provisión depende de la gestión de las autoridades.

Frente a este escenario, no cabe duda de que la reducción de la pobreza en nuestro país será o debería ser el principal foco de atención de las políticas públicas de cara a los siguientes años. Sin embargo, para proponer e implementar políticas con mayor impacto entre las poblaciones más vulnerables, será necesario complementar el enfoque de pobreza tradicional, basado en el gasto, con uno que  permita reconocer las necesidades de la población y de esta manera lograr un mejor desarrollo. Cuanto más temprano se tenga el cálculo, mejores insumos tendrán las autoridades para mejorar la focalización de sus medidas. De no hacerlo, continuaremos con esta mirada errónea en la que hay casi cuatro millones de peruanos pobres invisibles para el Estado.