En la actualidad, el Perú afronta una serie de problemas diversos como la inflación, la pobreza, la informalidad laboral, la vulnerabilidad frente a desastres naturales, entre otros. Además de estos, resalta la inseguridad ciudadana, la cual constituye un desafío constante que genera cada día un grave malestar en la población. Ello se contempla en una reciente encuesta realizada por Ipsos, a nivel nacional, en la que se concluye que el 44% de la población señala que el segundo principal problema que debería priorizar el Gobierno es la delincuencia, solo después de la corrupción. 

En lo que respecta al control de la delincuencia, Ipsos revelaría que el 70% de los ciudadanos considera que esto ha empeorado, mientras que una encuesta desarrollada en abril último por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que el 80% de la población siente inseguridad frente a la posibilidad de algún hecho delictivo o evento contra su integridad física o moral. En adición a lo anterior, según datos del IEP, la mayoría de los casos de percepción de inseguridad se registraron principalmente en Lima Metropolitana (86%) y en las zonas urbanas (82%). 

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la criminalidad es un fenómeno de naturaleza compleja y diversa. A pesar de esto, la estrategia para combatirla se apoya principalmente en las fuerzas del orden. Del mismo modo en que los educadores son el pilar del sistema educativo y los profesionales médicos lo son para la salud, los agentes de policía representan el elemento central, aunque no exclusivo, del enfoque gubernamental para enfrentar la delincuencia. Cabe destacar que la mayoría de los habitantes de América Latina opina que es mejor destinar recursos a mejorar la formación de la policía en vez de aumentar la cantidad de agentes policiales, según el BID. 

De acuerdo con el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el período noviembre 2022-abril 2023, la tasa de criminalidad a nivel nacional alcanzó a un 25% de la población a nivel nacional, lo que reflejó un aumento de 3.9 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior (21.1%). En relación con los actos criminales, destaca el robo de dinero, carteras o teléfonos móviles, que afectó a aproximadamente 12 de cada 100 ciudadanos durante el período de análisis. Asimismo, se encuentran otros delitos como el intento de robo de pertenencias (5.4%), la estafa (4.4%), las amenazas e intimidaciones (2%) y el robo de vehículos (1.7%). 

En cuanto al nivel de vigilancia en la zona, la cual consiste en si al menos la Policía Nacional del Perú (PNP), el serenazgo o el patrullaje integrado se encuentre en determinado entorno, en el período de análisis, el 43.7% de la población afirmó contar con vigilancia en su vecindad, según datos del INEI. 

Por otra parte, al analizar el uso de recursos públicos para garantizar la seguridad ciudadana, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el presente año, el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto que asciende a S/ 3,924 millones para la reducción de delitos y faltas que atentan la seguridad ciudadana, lo que refleja un incremento del 7.7% con respecto al año anterior. De manera desagregada, las principales actividades con mayor asignación presupuestaria son el patrullaje por sector (S/ 2,674 millones, +4.1%), las operaciones policiales (S/ 1,009 millones, +25.2%), el mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y la violencia (S/ 41.8 millones, -16.1%), las comisarías con las condiciones básicas para el servicio de la comunidad (S/ 39.7 millones, +6.1%) y el mejoramiento de los servicios de patrullaje en el área urbana en 17 departamentos (S/ 16.4 millones, +395%). 

La mitigación de la delincuencia es un desafío que requiere un enfoque integral y coordinado en todos los niveles de gobierno. Para lograrlo, es esencial implementar medidas que van más allá de la simple asignación de recursos, para involucrar la mejora de las capacidades policiales, la promoción de la educación y la formación de habilidades. 

Por ello, el Gobierno debería enfocarse en políticas preventivas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia, mediante el uso de la tecnología para fortalecer la vigilancia y el seguimiento. Además, la implementación de leyes efectivas y sistemas judiciales eficientes son cruciales para garantizar que los delincuentes asuman la responsabilidad por sus acciones. Solo a través de una estrategia integral y colaborativa, que involucre a todos los niveles gubernamentales y a la sociedad en su conjunto, se podrá construir un entorno más seguro para todos los ciudadanos.